¿Cuál es su evaluación de la marcha de oposición?

Conforme la movilización avanzaba se fue develando la diversidad de intereses que existían. En Cuenca se hizo evidente un afán electoral al presentarse la candidatura presidencial de Paúl Carrasco. También se develó la presencia de objetivos más desestabilizadores, cuando la presidenta de la UNE, Mariana Palasco, militante del MPD, señaló que las movilizaciones son el inicio del fin del gobierno del presidente Rafael Correa.

Ahí hubo un planteamiento coincidente de la extrema izquierda con la extrema derecha, Blasco Peñaherrera emitió algunos criterios en esa línea. Esos intereses, que no estuvieron presentes desde el inicio de la movilización, hicieron que la dirigencia de la Conaie marcara distancia con esas posturas.

¿Cómo evalúa la reacción de la ciudadanía?

Durante cinco años hemos garantizado la estabilidad institucional y  democrática, poco comparable con los quince años anteriores, porque muchas de nuestras políticas están en sintonía con las aspiraciones de la gente. Ahora tenemos una ciudadanía que se moviliza, que está atenta a las amenazas en contra de la democracia y que, con esperanza, dice: “Este es nuestro Gobierno y lo vamos a defender”.

¿Tras la reunión entre el titular de la Asamblea y los dirigentes de la marcha se retomarán los diálogos con el Gobierno?

Es imposible pensar en un diálogo con la derecha o con estos sectores que están detrás de intereses conspiradores. Con quienes están planteando candidaturas a la Presidencia de la República nos veremos en febrero de 2013, por tanto, con quienes planteamos restablecer el diálogo es con la dirigencia del movimiento indígena, sin embargo no hemos tenido una respuesta. Nuestra intención de abrir un cauce de diálogo con la Conaie, pero finalmente la dirigencia priorizó la alianza con el MPD.

¿La Conaie no aprovechó la invitación del Gobierno?

Creo que la Conaie perdió una oportunidad para  dialogar con nosotros. El titular de El Telégrafo “Indígenas se dividen a la hora de dialogar” es bastante  interesante y  el MPD incidió en eso en aquella jornada de las movilizaciones.

Frente a ese escenario, ¿con quién dialogar: MPD o Conaie?

Hemos sido clarísimos con respecto al MPD, ahí ni siquiera hay que perderse. Quienes han estado en la conspiración, no solo ahora sino el 30 de septiembre de 2010, son sectores con los cuales no vamos a dialogar. Esa definición  la ratificamos el miércoles pasado y no nos interesa ningún vínculo con sectores que generan violencia y provocación permanente. Por eso nuestra precaución enorme en la jornada (del jueves) para garantizar la seguridad de todas las personas, sin embargo el MPD confluyó en una acción de provocación.

¿Las puertas continúan abiertas para la Conaie?

Esperemos que  los buenos dirigentes tengan otras oportunidades para  plantear propuestas. Nosotros  continuamos dialogando, como siempre lo hemos hecho, con varios pueblos y nacionalidades y organizaciones sociales.

¿Es hora de que la Conaie se desmarque del MPD?

La historia del movimiento indígena está basada en recuperar su identidad y fortalecer sus propios liderazgos. Cuando personas con afanes electorales se pusieron a su lado, ellos tomaron distancia y lo propio debieron hacer  con el MPD. Creo que era lo más adecuado porque la lucha del movimiento indígena siempre ha sido pacífica, es parte cosustancial de su identidad. Firme, pero pacífica, mientras que es totalmente inversa a la experiencia del MPD.

¿Cómo está la relación del Gobierno con el movimiento indígena?

Tenemos una amplia agenda de trabajo y el diálogo es  permanente con los diferentes ministerios y entidades del régimen, a partir de las temáticas que nos imponen estos sectores. Desde el inicio del Gobierno hemos mantenido una relación sólida con varias organizaciones indígenas y campesinas, como la Confederación Nacional Campesina, la Fenocin, la FEI y con otros pueblos y nacionalidades. En 2011 se suscribió un acuerdo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae) y, hace algunos meses, con la Federación Shuar de Zamora Chinchipe.

¿Cree que hubo desacuerdo entre los promotores de la marcha para elaborar una agenda conjunta?

La diversidad de intereses que estaba en la marcha  se puede mirar en una agenda que no está definida. Hay una lista de 19 puntos que le presentan al presidente de la Asamblea, pero en la carta que envió  Humberto Cholango  (el 20 de marzo) apenas constan cinco temas: revolución agraria, cambio del modelo extractivista y preocupación sobre el supuesto cobro de impuestos a los pobres, que son tratables porque el Gobierno ha dicho reiteradamente que son temas pendientes. 

¿Cuál  es la lectura sobre la movilización de la oposición?

Consideramos que fue un fortalecimiento de la democracia, porque el Gobierno garantizó la expresión de diversos sectores sin que existan actos de violencia, hasta que en la tarde el MPD, como siempre, lo hizo. Se realizó una adecuada distribución de espacios y rutas. Triunfó la Revolución Ciudadana desde la perspectiva del fortalecimiento de  la movilización y la articulación social para defender este proceso.

¿Los planteamientos de la Conaie sobre minería, acceso a la tierra y al agua cómo serán abordados?

La Ley de Recursos Hídricos está a la espera de la  consulta prelegislativa, que se resolverá  en los próximos meses. La reforma a la Ley de la Función Legislativa está presentada al Ejecutivo y el plazo es más corto  para que la consulta pueda realizarse.

En la revolución agraria  pondremos énfasis, hay un Comité Intersectorial constituido que está trazando la senda de lo que será la temática agraria y el desarrollo rural. Respecto al tema extractivista, el Gobierno defiende la Constitución para avanzar hacia el buen vivir, pero cambiar el modelo extractivista es un proceso, no un decreto.

La Conaie también habla de criminalización de la protesta social, ¿cuál es su posición?

Un documento elaborado por la Defensoría del Pueblo demuestra  que los procesos iniciados en contra de distintas personas no han sido auspiciados  por el Gobierno, el 90% es generado desde el sector privado.

¿Es posible legalizar el transporte comunitario como piden los indígenas?

Es necesario un transporte que no ponga en riesgo la vida de la gente, pero  conocemos que a algunas comunidades no llegan los buses y que requieren otro tipo de transportación. En ese tema está  la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).