Según la página web de Freedom: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/2012%20Methodology, el índice de 2012, que proporciona informes analíticos y clasificaciones numéricas de la libertad de prensa de los países, sigue un proceso llevado a cabo desde 1980 por esa organización.

Dan a países una puntuación total de 0 (mejor) a 100 (peor) sobre la base de un conjunto de 23 preguntas. Pese a que Freedom House dice ser consciente de las diferencias culturales y de intereses nacionales, y los varios niveles de desarrollo económico, aplica  igual medida de evaluación a todos los países, a cargo de un equipo de expertos que, en el caso de Ecuador, no dicen quiénes son los que califican “con rigor intelectual y juicios equilibrados e imparciales”.

A decir de esta ONG, el examen del nivel de libertad de prensa en cada país comprende 23 preguntas metodológicas y 109 indicadores divididos en tres grandes categorías: el entorno jurídico, político y el entorno económico.

La categoría de entorno jurídico comprende un examen de las leyes y las regulaciones que podrían influir en el contenido de los medios y la inclinación del Gobierno a utilizar estas leyes e instituciones legales para restringir la capacidad de los medios para operar. En este sentido, Ecuador está recién trabajando, en el Poder Legislativo, en el proyecto de Ley de Comunicación.

En la categoría de entorno político, Freedom House evalúa el grado de control político sobre el contenido de los medios: la independencia editorial de medios estatales y privados, el acceso a la información y las fuentes; la censura oficial y la autocensura, la vitalidad de los medios y la diversidad de noticias disponibles, la capacidad de los reporteros para cubrir las noticias libremente y sin hostigamiento; y la intimidación a periodistas por parte de actores estatales o de otra índole, incluida la detención arbitraria y la prisión, agresiones violentas, etc.

La categoría entorno económico examina la estructura de la propiedad de los medios, la transparencia y la concentración de la propiedad, los costos de los medios que se establecen, la producción y distribución, la retención selectiva de  publicidad o subvenciones por los actores estatales o de otra índole, el impacto de la corrupción y el soborno en el contenido, y cómo la situación económica en un país afecta el desarrollo y sostenibilidad de medios.