Argentina, Chile y Brasil ya han dado pasos para condenar los delitos de lesa humanidad. Específicamente ¿qué son estos delitos? La definición está recogida en el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional. Ecuador es signatario de ese convenio internacional.

En ese documento se especifica que el asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esclavitud sexual, esterilización forzada y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos expresamente son delitos de lesa humanidad.

También se incluye a la desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado.

Se les denomina lesa humanidad porque la palabra leso significa agraviado. Estos delitos son imprescriptibles, es decir que nunca caducan, por lo que pueden ser juzgados sin importar el tiempo que haya transcurrido.

El contexto en el caso de Ecuador también es importante. Según el informe de la Comisión de la Verdad, el 68% de los casos se registró en el gobierno de León Febres Cordero (+), que coincidió con las dictaduras militares de Argentina y Chile. Todos esos regímenes se dieron en la Guerra Fría, cuando EE.UU. promovió la doctrina de seguridad nacional, que consideraba a cualquier movimiento izquierdista como subversivo o guerrillero.

En Argentina, según un reporte de la Procuraduría, un total de 563 militares fueron condenados y aproximadamente 900 han sido imputadas por violaciones a los Derechos Humanos.

Mientras que Brasil en 2012 avanzó en el tratamiento de estos delitos cuando se anunció la primera demanda penal por crímenes perpetrados por la dictadura militar, que se extendió entre 1964 y 1985.

Ecuador fue el último país en conformar una comisión de la verdad sobre este asunto. Y es ahora recién que se están judicializando los casos.

Esto ocurre con el juicio contra 5 militares acusados por delitos de lesa humanidad, cuya primera audiencia se aplazó el pasado lunes porque uno de los acusados presentó un certificado de enfermedad.

Si bien las audiencias son públicas, Juan Pablo Albán, abogado de los demandantes Susana Cajas y Luis Vaca, tildó como una ‘presión indebida’ la asistencia de militares en servicio activo y pasivo al salón de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito.

El abogado también cuestionó el hecho de que el fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, diera explicaciones a  Luis Garzón, jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., sobre el proceso. “¿De cuándo acá las FF.AA. le piden explicaciones a un órgano autónomo de investigación?”, reprochó.

En la diligencia fallida, dentro del denominado caso Cajas-Vaca-Jarrín, el comandante de la Fuerza Terrestre, Carlos Obando Changuán, así como militares en servicio activo y pasivo, llegaron vistiendo su uniforme. El general antes citado afirmó ante la prensa que fueron a respaldar a los oficiales.

Frente a esta situación, Albán  envió un oficio dirigido al comandante Garzón y al presidente Rafael Correa para que se aclare sobre la postura institucional de las FF.AA.. “¿La postura institucional es torturar, violar y matar en el marco de la lucha antisubversiva? ¿O la postura institucional es que sus compañeros no han incurrido en los delitos?”, increpó.

En esta diligencia se convocó a juicio a 8 personas, de las cuales 3 están prófugas, una de ellas en Estados Unidos. Su pedido de extradición se encuentra en trámite. Todos fueron llamados a juicio en marzo de 2014. Este hecho nace de los casos investigados por la Comisión de la Verdad que denunció las violaciones de derechos humanos y casos de lesa humanidad.

Entre 1984 y 2008, la entidad registró 118 casos, varios de ellos colectivos, con un total de 456 víctimas.   

En los casos presentados durante el gobierno de Febres Cordero se encuentra el denominado Cajas-Vaca-Jarrín.  

Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, exintegrantes del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC), fueron víctimas de torturas físicas y de agresiones psicológicas y verbales por parte de militares.

Stalin López, abogado de uno  de los procesados, señaló ayer que su defendido actuó “bajo la estructura militar, informando de las novedades a sus superiores”. (I)

Escuche la entrevista al fiscal Galo Chiriboga