Los integrantes de la Asociación Fénix,   dedicados anteriormente al contrabando de combustible en la frontera norte, han decidido abandonar la actividad ilícita y dedicarse a labores enmarcadas en la ley.

Para ello, los 15 hombres y mujeres que conforman la agrupación se han acogido a una iniciativa gubernamental y, actualmente, emprenden en la comercialización de cemento y arroz.

En ese propósito cuentan con el apoyo de organismos como el Instituto de Economía Popular y Solidaria, el Banco Nacional  de Fomento, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y otros similares”, afirma Álvaro Mantilla, de la  Secretaría de Pueblos en   Carchi.

El funcionario asegura que, aunque el camino de los nuevos comerciantes no es fácil,  existe la predisposición gubernamental de apoyarlos. “Siempre (las instituciones) nos abren las puertas,  pero hay etapas en las que se entorpece el proceso. Pese a ello estamos en buen camino”, sostiene Mantilla.

Como parte de la ayuda, a la asociación de emprendedores se le ha otorgado préstamos para que formen una caja de ahorro y el crédito no sea rembolsable. Las utilidades que deje el negocio serán repartidas en partes iguales.

Los ex contrabandistas dicen estar a la espera de que las empresas productoras de cemento y arroz les concedan cupos para adquirirlos en grandes volúmenes con el fin de que sus costos de operación bajen y ellos puedan obtener un mayor margen de ganancia.

Respecto  a las razones que motivaron  el cambio de actividad, mencionan principalmente el aumento de controles por parte de las autoridades, lo que habría vuelto cada vez más difícil pasar los hidrocarburos  hacia las localidades colombianas más cercanas.

Al mismo tiempo admiten que el cometimiento  del delito se habría hecho más peligroso, poniendo en riesgo su integridad y sometiéndolos, incluso, a vejámenes, según relatan dos mujeres que ahora forman parte de Fénix, quienes prefieren no ser identificadas.

El aumento de controles  habría significado, según relatan, que las alrededor de 200 personas que se dedicaban al ilícito en su barrio también desistieran de continuar en ese tipo de operaciones.

El contrabando de combustibles es alentado por la diferencia de precios entre los hidrocarburos subsidiados en Ecuador y lo que se paga por ellos en Colombia y Perú. Solo la fuga de gas representaría pérdidas de hasta  100 millones de dólares al año, según cálculos oficiales.

Los controles se intensificaron   hace cuatro años atrás con la emisión de tiques  para la distribución limitada de cilindros de  gas de acuerdo al número de miembros de una  familia.  Antes de que inicie el control,  Carchi recibía 100.000 tanques mensuales y con la inclusión del sistema de tiques   se redujo a 80.000 y se ha cubierto la demanda.

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera (ARCH) pretende reducir a  75.000 bombonas para evitar el contrabando.