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El Telégrafo

EE.UU. lamentaría posible salida de Usaid

EE.UU. lamentaría posible salida de Usaid
07 de julio de 2012 - 00:00

La permanencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en Ecuador continúa en análisis al interior del Gobierno ecuatoriano y la decisión preocupa al embajador estadounidense, Adam Namm.

En una entrevista concedida a Radio Quito, el diplomático dijo que “Ecuador es un país soberano y puede tomar cualquier decisión con respecto a la Usaid, pero sería muy lamentable porque estamos ayudando a la gente ecuatoriana y lo hemos hecho por muchos años”.

Aseguró que no dan “ningún dinero a ningún partido político” y ratificó que Fundamedios recibe “unos pocos fondos de la Usaid  de forma indirecta”. “Hay otros países, organizaciones internacionales que apoyan a estos grupos. Para nosotros y mucha de la comunidad internacional es normal y legal”, insistió.

Según Namm, la Usaid desembolsa unos 20 millones de dólares anuales para cooperación en Ecuador, lo que es un 50% menos que hace ocho años. De esos fondos, dos tercios se dedicarían a proyectos ambientales y desde su llegada al país (hace 50 años), la agencia estadounidense habría financiado 500 programas de infraestructura a favor de 700 mil  personas. Y anotó: “Mi gobierno quiere ser buen socio de Ecuador. Estamos dando esta ayuda y espero que podamos seguir dándola”.

No obstante, una investigación de El Telégrafo reveló que la agencia estadounidense también ha financiado proyectos de índole político como el que ejecuta Grupo Faro para el “Fortalecimiento de la Democracia” y en el que participan Fundamedios, Esquel y el Fondo Ecuatoriano Populorium Progessio.

Además una denuncia del canciller Ricardo Patiño -confirmada después por el Ministerio de Justicia- reveló que la Usaid reportó una supuesta contribución por 6 millones de dólares que dicha cartera de Estado no recibió, pues tampoco existiría ningún convenio conjunto.

La intervención de la Usaid en aspectos políticos y la “estrecha cooperación” con organizaciones de oposición en las naciones que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), como admitió el propio administrador adjunto para América Latina, Mark Feierstein, motivaron que el Gobierno ecuatoriano analice la expulsión de la agencia.  

Al respecto, la secretaria de Pueblos, Mireya Cárdenas, sostuvo que “hay razones de sobra para considerar a la Usaid como un factor de perturbación que atenta contra la soberanía y estabilidad política”.

En un comunicado, indicó que bajo la excusa de “cooperación”, el organismo ha desplegado campañas propagandísticas destinadas a presentar ocupaciones militares, con el mensaje de  “exitosas operaciones humanitarias”; mientras, por otra parte, canaliza apoyos a fuerzas políticas opositoras, que supuestamente “luchan por los derechos humanos y la democracia”.

Informó que la Comisión de la Verdad -creada para investigar delitos de lesa humanidad ocurridos en Ecuador- también descubrió la injerencia de la Usaid a través del financiamiento a ONG  nacionales para controlar a organizaciones de la sociedad civil, a través de “programas de desarrollo y fortalecimiento democrático” con determinado direccionamiento político, lo que es una clara intervención en asuntos internos del país. Y recomendó al Estado “denunciar el convenio de cooperación con la Usaid, suscrito en 1962”.

La embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Nathalie Cely, en cambio, recomendó al Gobierno entablar canales de diálogo con Washington sobre el rol de Usaid.

Explicó que Latinoamérica no es la misma de las décadas del 60 y 70 porque “está en crecimiento y hay una política para mejorar la vida de sus ciudadanos”.

En ese sentido, aclaró que “no estamos para mendigarle nada a nadie” y señaló que el monto de la cooperación estadounidense es menor.

Reiteró que ahora hay un plan claro de lo que persigue Ecuador en la cooperación internacional y recomendó al Gobierno dialogar sobre  ello, pero indicó que si ya está tomada una decisión, esta será en el ejercicio de la soberanía del país.

La funcionaria sostuvo que lo importante es que la medida no sea interpretada en Estados Unidos como antinorteamericana.

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