El presidente Rafael Correa confirmó la revelación de EL TELÉGRAFO respecto a que representantes de Chevron acudieron ante el entonces subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos del Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, para que interceda ante el Gobierno ecuatoriano con el fin de detener las acciones legales de los 30 mil afectados de la Amazonía por la contaminación de la petrolera.

“Eso es gravísimo porque evidencia que son ellos los que quisieron intervenir en el juicio, no nosotros. Ellos sí acudieron al gobierno de EE.UU. para presionar que se intervenga ilegítimamente en el juicio en Lago Agrio”, dijo Correa la noche del jueves pasado durante una entrevista en el canal Telerama.

El 16 de septiembre pasado, bajo el titular “Chevron fue una prioridad vital para la Casa Blanca”, este Diario publicó que la transnacional estadounidense, acusada de  contaminar  el norte de la Amazonía ecuatoriana,  buscó infiltrarse en el Gobierno de Correa para  hacerle entender las “bondades” de llegar a un arreglo político en lugar de insistir en los   procesos judiciales que se ventilan  dentro y fuera de Ecuador.

Chevron, que compró las acciones de Texaco en 2001, se valió incluso de funcionarios, políticos y expertos de EE.UU. y de Ecuador para presionar en sus objetivos, según revela un documento confidencial de la misma multinacional que data del 22 de octubre de 2010.

La compañía buscaba no ver mermada su imagen internacional al tener que pagar una indemnización por la afectación a la flora, fauna, aire, agua y la salud de 30 mil miembros de cinco nacionalidades indígenas: Cofán, Siona, Secoya, Waorani y Kichwa, así como de campesinos de Sucumbíos y Orellana.

Informe de auditoría
fundamentó denuncia
contra exfuncionarios
del gobierno de Jamil
Mahuad, en 2003El documento de 2010 fue  dirigido por Alec Watson, de la empresa Hills & Company, a Bill Irwin, de Chevron. Watson es director de la consultora internacional Hills & Company, dedicada a proveer información y asesorar a clientes con afán de negocios especialmente en Latinoamérica, Rusia e India. Además, ofrece asesoría  sobre disputas legales entre clientes, socios, empleados o gobiernos extranjeros.

En el documento, Watson comentó que se reunieron con Valenzuela en su oficina, a la cual también asistieron el entonces subsecretario adjunto de Estado, Jeffrey DeLaurentis; el director de la Oficina de Asuntos Andinos, Kevin Whitaker; y el funcionario responsable de tomar nota (notetaker), Moisés Behar.

“Inicié la reunión comentando favorablemente sobre el esfuerzo de la Administración de desarrollar una relación de trabajo constructiva con el presidente Correa y su Gobierno. Apoyando ese esfuerzo, ofrecí una propuesta aprobada por Chevron y discutida previamente con el exsubsecretario adjunto, Craig Kelly, para promover una discusión entre el Gobierno ecuatoriano y Chevron, para resolver el polémico caso de la contaminación en Lago Agrio”, refiere el documento confidencial.

El pretexto para lograr el acercamiento con Correa o sus funcionarios era la supuesta intención de mejorar las relaciones bilaterales.

En la entrevista con Telerama, Correa dijo que directamente no han recibido presiones y que no lo permitiría, pero indicó: “Por supuesto que indirectamente Chevron, con sus centenas de abogados y miles de millones de dólares inició una campaña de desprestigio y presión para que nos quiten las preferencias arancelarias, nos bloqueen el comercio, toda una acción que sigue  para tratar de quebrar al país”.

Pedido de investigación

Para reabrir la investigación en la Fiscalía en contra de los funcionarios del gobierno de Jamil Mahuad que suscribieron en 1997 las actas de recepción que avalaban  los supuestos trabajos de remediación y en 1998 de quienes firmaron el finiquito que liberó “para siempre” de culpa a Chevron, pese a no cumplir el plan de remediación, se debe esperar que la actual Corte Nacional de Justicia decida sobre la demanda en contra de los abogados de la compañía, por presentar denuncias maliciosas que desprestigian al país.

Así lo explicó ante la prensa el actual fiscal general, Galo Chiriboga, en respuesta al pedido del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, para que se reabra la investigación y se sancione a los exfuncionarios por “peculado”.

La denuncia para que se investigue a los exfuncionarios la presentó en 2003 el entonces contralor general subrogante, Genaro Peña, a la fiscal Mariana Yépez, en base a los resultados de una auditoría.

Según esa denuncia, las actas de recepción de los trabajos de remediación la firmaron: los ingenieros Giovanni Rosanía Shavone y Hugo Jara Román; Jorge Albán Gómez, exsubsecretario de Protección Ambiental del Ministerio  de Energía y Minas; Patricio Izurieta, director nacional de Protección Ambiental; Patricio Maldonado, jefe de la Unidad de Protección Ambiental de Petroecuador; Martha Romero, asesora de la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas; Jorge Durán y Alix Suárez,  de la Dirección Nacional de Hidrocarburos; y Marcos Trejo Ordóñez, técnico de Protección Integral de Petroproducción.

Albán Gómez, en declaraciones a radio Visión, el jueves pasado, aclaró que a su cargo solo estuvo recibir las obras de remediación de 16 piscinas, dentro del  contrato que firmaron entre 1994 y 1995 funcionarios del gobierno de ese entonces (Sixto Durán Ballén) y Texaco.

Según Albán, entonces detectó que el contrato de trabajo de remediación era insuficiente y que por ello, a través de un informe, alertó: “Ese contrato y ese plan de trabajo es una barbaridad”.

Además, destacó que él no fue quien firmó el acta final de liberación de responsabilidades, sino que lo hicieron en septiembre de 1998: Patricio Rivadeneira, ministro de Energía; Ramiro Gordillo, presidente ejecutivo de Petroecuador; Luis Albán Granizo, gerente de Petroproducción; y Ricardo Reis Veiga y Rodrigo Pérez Pallares, vicepresidente y representante legal de Texpet, subsidiaria de Texaco.

EN ESPAÑA SE SOCIALIZA EL CASO CHEVRON

La embajadora de Ecuador en España, Aminta Buenaño, quien el jueves pasado fue invitada a una conferencia en la Universidad Autónoma de Madrid, presentó los argumentos  del Gobierno ecuatoriano sobre el caso Texaco-Chevron.

En su intervención, la Embajadora señaló la magnitud de la afectación por contaminación en la Amazonía ecuatoriana que provocó la petrolera durante sus operaciones.

En la conferencia, además, se mostró el video de la visita que hizo el presidente Rafael Correa a uno de los pozos operados exclusivamente por la compañía, donde mostró la mano manchada de petróleo tras hundirla en uno de estos pozos; ello, como muestra de que la contaminación está latente 20 años después.

Buenaño destacó la necesidad de que tanto el ser humano como el medio ambiente no pueden estar sometidos a los intereses “irresponsables” de las multinacionales.

Al evento asistieron más de un centenar de estudiantes de economía de dicha Universidad, con el fin de conocer la realidad ecuatoriana y el daño ecológico.

Texaco operó en alrededor de 5 millones de hectáreas del nororiente amazónico, en donde -según estudios- se derramaron 16,8 millones de galones de petróleo en el ecosistema, más de 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas  en  los suelos y ríos, y fueron quemados al aire 235 mil millones de pies cúbicos de gas.