La Contraloría General del Estado notificó ayer a César Umajinga Guamán, prefecto de Cotopaxi, su destitución del  cargo y una sanción administrativa por $5.280, motivadas por una acción de control realizada en ese Gobierno Provincial correspondiente al período comprendido entre el 1 de junio de 2007 y el 31 de diciembre de 2009.

Esta sanción oficial fue ratificada mediante resolución No. 959 de la Contraloría y emitida el pasado 30 de abril de 2012.

El propio Umajinga confirmó que ayer, a las 10:00, llegó la resolución a su despacho, pero que prepara su apelación con los abogados de la Prefectura. “Según la ley puedo presentar mis pruebas de descargo hasta 30 días después de notificada la sanción, en este caso la destitución. Pero mañana (hoy) mismo las presentaré ante el Tribunal Contencioso Administrativo pidiendo la suspensión de la resolución que emitió la Contraloría del Estado”, afirmó vía telefónica la autoridad sancionada.

Según el documento oficial, las causas que motivan la responsabilidad administrativa culposa  de Umajinga son, entre otras, indebidos desembolsos por concepto de aportes patronales y fondos de reserva; remuneraciones de la viceprefecta de Cotopaxi, Cecilia Velásquez; y dietas y gastos de representación de los consejeros. Pero, además, el organismo de control también detectó la suscripción de contratos  de trabajo por parte del Prefecto que vinculan a parientes cercanos suyos y con familiares de miembros del Consejo Provincial.

Estas últimas acusaciones de nepotismo fueron rechazadas enfáticamente por Umajinga quien afirmó que en ningún contrato se ha beneficiado a miembros de su entorno familiar. “Debo limpiar mi nombre y el de la provincia, por lo que presentaré de inmediato mi apelación para que se suspenda la medida”, aseveró.

Además, el prefecto destituido aseguró que en caso de que no se acojan sus pedidos no descarta convocar a colectivos sociales para manifestarse en las calles.