Aparecen nuevas pruebas y se abren otras interrogantes sobre lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010. Por eso, el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, anunció la apertura de una nueva indagación.

“Vamos a iniciar una indagación previa sobre varios hechos ocurridos justamente en el hospital de la Policía, en el Regimiento Quito No. 1, porque el sistema penal no tiene evidencia de lo que realmente pasó ahí”, dijo el funcionario. Chiriboga ha planteado estas interrogantes en el Consejo de Seguridad y también ante sus propios funcionarios desde que asumió el cargo, revisó los procesos y constató, según él, varios vacíos.

Sobre este mismo tema, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, dijo que se entregaron pruebas sin que esto signifique que se quiera interferir en las investigaciones de la Fiscalía. El titular del Legislativo participó en la entrega de las pruebas.

Los documentos que se entregaron para que sean valorados incluyen correos electrónicos emitidos desde las cuentas de determinados asambleístas, declaraciones de un ex presidente de la República, en el exterior, y de un ex ministro, quien cuestiona las relaciones de los Estados Unidos con  Ecuador.

Además hay una grabación en la que constan un policía vestido de civil y dos uniformados que ingresan al centro de audio y video de la Asamblea, del cual se borró tres meses de información.

En tanto que la ministra de Coordinación Política, Doris Soliz, manifestó que poseen pruebas gráficas, de audio y de video que podrán sustentar las investigaciones que se realizan en la Fiscalía, para transparentar los hechos del 30-S y dar con los responsables de la intentona golpista e intento de magnicidio.

En la entrega de pruebas se incluyen documentos sobre hechos ocurridos no solo en la Asamblea Nacional, sino también en el Regimiento Quito y el edificio de los Medios Públicos, sitios en donde se identifica a personas con vinculaciones  políticas, dijo Soliz.

Al respecto, el presidente de la República, Rafael Correa, pidió el viernes pasado a Chiriboga una reunión para ver cómo avanzan los juicios e investigaciones y ofreció toda la predisposición y ayuda para que se puedan determinar las responsabilidades de los hechos violentos registrados en la Asamblea, en el Hospital de la Policía y en el edificio de los Medios Públicos.

Situación de los procesos

En tanto que Chiriboga informó, la semana pasada, que son quince los procesos que la Fiscalía inició por los acontecimientos del 30-S; sin embargo consideró que  existen vacíos en las indagaciones que deberán ser investigados por la entidad judicial.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía solicitará una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional para  levantar la reserva que pesa sobre cierta información de lo ocurrido hace un año.

El objetivo de desclasificar algunos documentos es para obtener la identidad del armamento que produjo las muertes del 30 de septiembre de 2010 y de la información para seguir con la investigación, para que “todo el país conozca  exactamente lo que ocurrió el pasado 30 de septiembre”.

Y es que son quince los procesos que llevó adelante la Fiscalía por el delito de magnicidio, contra la administración pública (irrupción a Ecuador TV), incitación a la rebelión de la Fuerza Pública.

Además de estos delitos están homicidio simple (ambulancia), atentado contra la seguridad del Estado (Asamblea), sabotaje (Base Aérea), rebelión e impedimento del tránsito  de vehículos, personas y mercadería. Son 14 los fiscales designados a las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía.

Estado de excepción en la Asamblea está por culminar

El próximo 8 de octubre concluye el estado de excepción en las instalaciones de la Asamblea, el cual fue renovado hace dos meses por el presidente de la República, Rafael Correa.

La Asamblea permanece en estado de excepción a raíz de la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010, en la que la escolta legislativa, a cargo de la Policía, se enfrentó con asambleístas y funcionarios.

Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, manifestó que las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la que se propone una reestructuración de la escolta, podrían ser analizadas por el pleno en la primera semana de este mes.