El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño emitió un comunicado en el que analiza la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo.

“Para variar un poco el libreto, los militares no allanaron la casa del presidente Lugo y lo expulsaron del país, sino que utilizando subterfugios, una mayoría de diputados y senadores, que representan a la vieja clase política, armó un juicio en el Senado para destituir ‘legalmente’ al presidente Lugo. Las irregularidades de tal proceso son evidentes”, detalla el diplomático.

Resalta el carácter ideológico de los cargos presentados contra el mandatario. “El libelo con el que se acusó y destituyó a Fernando Lugo contenía cinco cargos con un alto contenido ideológico, estableciendo responsabilidades en la persona del presidente Lugo por cuestiones tales como ‘instigación a la lucha de clases’, ‘instigación a las ocupaciones de tierras’, ‘promover el odio entre paraguayos y la lucha violenta entre pobres y ricos”, afirma.

También  agrega que  se lo imputó de  atentar contra la soberanía de la República del Paraguay por firmar el protocolo Ushuaia II.

Explica que dicho protocolo es un instrumento para articular una respuesta común de los países miembros del -Mercado Común del Sur- Mercosur, justamente contra el golpismo y en defensa de la democracia en la región, resalta el funcionario.

“Ninguna de estas acusaciones fue sustentada ni en fondo, ni en forma. Tanto es así que el apartado 3 del libelo está redactado textualmente así: ‘Todas las causales mencionadas más arriba, son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente’. Esta afirmación choca frontalmente contra los principios de presunción de inocencia y de debido proceso”, detalla Patiño.

En su escrito,  el ministro de Relaciones Exteriores afirma que previo a las acusaciones de Lugo, en Paraguay se creó un procedimiento parlamentario para enjuiciar políticamente al presidente, y habiendo fraguado la imputación tras bastidores, el Congreso aprobó un reglamento para viabilizar y cerrar el proceso en menos de 24 horas, señala.