A dos días de que venza el plazo para que el proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, calificado como urgente en materia económica, ingrese por el ministerio de la ley, el pleno de la Asamblea Nacional analizó ayer su contenido, en segundo debate.

Luego de que el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Francisco Velasco (PAIS), presentó el informe del proyecto, las intervenciones a favor y en contra no se hicieron esperar. La discusión giró sobre quién  juzga el poder del mercado, la concentración económica y la desconcentración.

La asambleísta Viviana Bonilla indicó que se eliminaron algunas inconstitucionalidades que constaban en el proyecto original del Ejecutivo. Es así que los ciudadanos que se sientan afectados por la resolución administrativa de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado podrán solicitar una acción de protección, siempre y cuando la vía judicial no fuere adecuada ni eficaz.

También se dispuso que la Junta de Regulación quede integrada en la Ley y no en el Reglamento, así como que el Superintendente no tenga injerencia en la justicia.

En torno a la capacidad investigativa de la Superintendencia, la institución de control solo con una orden judicial podrá solicitar a las partes procesales la documentación que contribuya a la investigación.

Pero el punto más polémico y que desde la mañana provocó el cuestionamiento de la oposición tiene que ver con las Disposiciones Reformatorias y Derogatorias Vigésimo Segunda y Vigésimo Tercera. Estas establecen que no podrán ser titulares, ni directa ni indirectamente, de una empresa o sociedad mercantil ajena a la actividad financiera y comunicacional, quienes posean el 6% o más de acciones en nexos económicos o en una empresa privada de comunicación de carácter nacional.

Pablo Dávila,  presidente de la Federación de Cámaras de Industrias y Producción, solicitó al pleno que se extienda el plazo del 13 de julio de 2012 para enajenar las empresas.

Instó a revisar las restricciones de la competencia para que no estén sujetas a un Decreto Ejecutivo.

Consideró que al llegar al poder otro Presidente puede  traer terribles consecuencias en el sector.

Rafael Dávila (Alianza Libertad) manifestó que es inconstitucional reformar la Ley General del Sistema Financiero y la Ley de Telecomunicaciones a través de Disposiciones emitidas en esta propuesta legal.

Dijo que el artículo 136 de la Constitución manda que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia. Por ello, pidió que la iniciativa se archive y en su lugar se analice su proyecto presentado en octubre de 2009.

Guillermo Navarro, asesor de la Presidencia de la Legislatura, indicó que la desconcentración del poder del mercado no le va  agradar a muchos, en especial al sector  empresarial que vive de negocios paralelos. Añadió que el porcentaje de participación accionaria lo acogió  la Comisión sobre la base de la legislación internacional y la Ley General de Instituciones Financieras.

Hasta el cierre de esta edición, la sesión 126 no concluía, aunque la intención del oficialismo para ajustar los 63 votos mínimos para aprobar el proyecto era continuar  hoy con el debate.  El propósito era retomar la sesión 125 para aprobar la resolución del 30-S e insistir a la justicia que dé con todos los responsables de la rebelión policial.

El Prian y Alianza Libertad solicitaron crear una comisión.