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El Telégrafo

Auspicio de la Usaid violaría el artículo 405 de Constitución

Auspicio de la Usaid violaría el artículo 405 de Constitución
10 de julio de 2012 - 00:00

La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci) investigará si el proyecto “Costas y Bosques Sostenible”, que es financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), está destinando recursos para desarrollar tareas que son competencia del Estado, a través de ministerios y gobiernos locales.

La preocupación surge por una posible violación al artículo  405 de la Constitución que estipula que “el Estado asignará recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas...”.

Del análisis que la Seteci y la Senplades realizan desde mayo respecto a este proyecto se establece que “Costas y Bosques”, que trabaja en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Manabí, “ejerce intervención directa en áreas protegidas del país”, las cuales constituyen, a nivel regional y mundial, zonas estratégicas para el control del cambio climático por su megabiodiversidad.

Este proyecto, como lo reveló ayer El Telégrafo, es ejecutado por la empresa estadounidense con fines de lucro Chemonics International Inc, la cual fue expulsada de Bolivia por impulsar adoctrinamiento político e ideológico para desestabilizar al  Gobierno de Evo Morales.

Fuentes gubernamentales creen que el proyecto tendría intereses económicos y de investigación, encaminados al control de importantes recursos naturales, minerales y energéticos, dado el grado de dependencia  que tiene  los EE.UU.

En ello radicaría el objetivo de saber qué recursos naturales poseen Ecuador y América Latina, y buscaría echar abajo las condiciones de negociación que tiene actualmente la región para asumir de manera soberana la gestión económica y científica de esos recursos.

El proyecto Costas y Bosques tiene un financiamiento de Usaid por 13,3 millones de dólares, de los cuales 8 millones han sido desembolsados en tres años, de los cinco previstos para su ejecución (inició en junio de 2009).

La Seteci concluirá a fines de este mes el análisis del impacto del proyecto, tras lo cual investigará la intervención de la Usaid en el manejo de reservas y parques nacionales involucrados en el proyecto.

La investigación  tomará en cuenta que el proyecto se desarrolla en un territorio estratégico para el Ecuador por su alta concentración de biodiversidad.

Por ello, no se descarta que a corto plazo el proyecto pase a ejecutarse con el apoyo de organizaciones nacionales presentes en ese territorio, y ya no por parte de la empresa extranjera Chemonics Inc.

Para evitar que la Usaid siga trabajando bajo sus propios lineamientos y el país ejerza plenamente su soberanía en ese tema, se estudia aplicar el artículo 317 de la Constitución que establece que “los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado”.

También se aplicará el artículo 403 que indica que “el Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud y derechos colectivos y de la naturaleza”.

Gabriela Rosero, titular de la Seteci, al ser consultada sobre el programa “Costas y Bosques” y la compañía que lo ejecuta, resaltó que el mismo “nos está generando dudas”.

Ante este y otros proyectos financiados por Usaid, la Seteci confirmó que ha puesto en marcha un proceso para exigir a la agencia estadounidense mejor coordinación y articulación del trabajo que desarrolla en el país; y mayor coordinación y coherencia con políticas y lineamientos establecidos soberanamente por el país.

Para ello, ha emprendido tres líneas de acción: el establecimiento de un nuevo convenio marco de cooperación; la promulgación del decreto 812 para transparentar el accionar de las ONG extranjeras; y el impulso a procesos de evaluación de resultados de la cooperación,  conjuntamente con Senplades.

“Vamos a evaluar el rol de la Usaid, a poner líneas de acción muy claras, y si no las quieren cumplir, que les vaya bonito, vayan a ayudar nomás a otros países”, reiteró el presidente Rafael Correa en su último informe de labores.

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