El fiscal general, Galo Chiriboga, tras mantener ayer la primera reunión de trabajo con la Comisión Investigadora de los hechos del 30 de septiembre de 2010, destacó que “fue un grave error dejar que quienes se alzaron contra el Gobierno constitucional investigaran el caso”. Por ello, justificó que amerita una nueva investigación, a fin de dar con los verdaderos líderes y promotores.

Participaron Chiriboga y los miembros de la Comisión: el penalista Carlos Baca Mancheno (presidente), y Óscar Bonilla y Diego Guzmán, delegados del Gobierno, quienes tendrán seis meses para presentar un informe al respecto.

El fiscal puntualizó que el trabajo de la Comisión será determinar si los altos mandos policiales estuvieron vinculados en la revuelta, pues cree que “eso no ocurrió por generación espontánea, sino que de por medio seguramente hubo una planificación y un financiamiento”.

Lamentó que el grupo investigador que trabajó en la misma Fiscalía, “organizado en la administración pasada”, no haya dado respuestas a tantas interrogantes, razón por la cual se tuvo que dar por terminada la cooperación con ese grupo. “En esta segunda parte de la investigación vamos a ser los ciudadanos civiles quienes lo hagamos. Me parece que no fue conveniente que la Policía Nacional, con todo el respeto que le tengo, haya investigado  a quienes se habían alzado contra el régimen”.

Dijo que se tratará de llegar a los autores que siguen ocultos y que no hubo la voluntad de los investigadores para descubrirlos. Consideró que en el intento de golpe de Estado “hubo la evidente intención de asesinar al presidente de la República, Rafael Correa”.

Añadió que el deber jurídico de la Policía es respetar el orden constitucional y proteger la vida de los ciudadanos, no atentar contra ellos, mientras que el deber jurídico de los fiscales es investigar con imparcialidad y profesionalismo. Por lo tanto, advirtió que si se  determina que hay personas que incumplieron ese deber,  “tendrán que responder no ante el fiscal, sino ante los jueces”.

Por su parte, Baca dijo que hay la absoluta certeza de que la deuda con la memoria histórica del país debe ser saldada, para que no  vuelvan a suceder este tipo de “conspiraciones en contra de la democracia”.

Señaló que de la gran cantidad de información que tienen hasta el momento se desprende que la cadena del grupo que comandó la conspiración todavía está impune, por lo que es importante identificar y sancionar a los responsables. “Nosotros como Comisión, creada por el presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo, tenemos la tarea de investigar a profundidad y de manera objetiva los hechos del 30-S. Esa recolección de evidencias que no ha sido judicializada y procesada a través de respectivas investigaciones la trasladaremos a la Fiscalía para garantizar la pureza de la prueba y que sea eficiente y eficaz al momento de llevar a los responsables (de la revuelta) a juicio”, indicó.

COMISIÓN INICIA RECOPILACIÓN

La Comisión Investigadora de los hechos del 30-S empezó su trabajo por recopilar todos los expedientes que se abrieron a su debido tiempo en la Fiscalía, así haya sentencias o absoluciones de por medio.

El objetivo será hacer una revisión integral de todas las evidencias que constan en esos expedientes fiscales, entre ellas miles de horas de video y documentos que aún no han sido analizados.

También se tomarán en cuenta los procesos que aún se encuentran abiertos, entre ellos, la indagación previa por la desaparición de las evidencias y desestructuración de la escena del crimen, así como la indagación dispuesta por un juez de la Corte Nacional por el secuestro al presidente, en la cual también se ordenó la desclasificación de una información que está bajo reserva, lo cual nuevamente fue pedido por la Fiscalía General al Ministerio de Defensa.