“¡El puente va, porque la gente lo necesita!”, enfatizó el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en la firma del contrato para construir el viaducto que enlazará a Guayaquil (desde la Vía Terminal- Pascuales) y Samborondón (hasta el km 3,5 de la vía del mismo nombre).

El funcionario prometió que junto con José Yúnez, su homólogo del vecino cantón, cumplirá con la Ley Ambiental. “Con todo lo que sea remediación, cumplimiento, colchones forestales, equipos antirruidos...”, añadió Nebot.

Sin embargo, los vecinos de las urbanizaciones de la parroquia La Puntilla aún se sienten perjudicados con la iniciativa de los burgomaestres socialcristianos.

Según Silvia Valladares, procuradora judicial de dos conjuntos (Palmar del Río y Torres del Sol), el viaducto llevará contaminación, riesgo de accidentes y bloqueos a la salida de los recintos residenciales.

El reclamo se centra en que los estudios efectuados por la consultora Asociación Puente Guasamda (Guayaquil-Samborondón-Daule) recomendaron que la mejor opción es levantarlo en el km 6,8, pero los alcaldes optaron por el km 3,5.

DATOS

El estudio de Guasamda indica que el 68,80% de los usuarios que van de Guayaquil a Samborondón provienen del centro de la ciudad.

El 49,80% de los conductores que van de Samborondón a Guayaquil, se dirigen al centro de la ciudad.

El análisis considera como otra alternativa la construcción del puente a la altura del kilómetro 3,5 (Liceo Panamericano), sin embargo, el estudio indica que el paso en esta ubicación, captaría a los usuarios que se dirigen al noroeste, colectivo que representan únicamente el 10,6%.

Las alcaldías de ambos cantones guayasenses (mancomunidad) invirtieron en los estudios $ 1’024.628,83.

Los dueños de 22.070 predios de la parroquia satelital La Puntilla (contribuyentes iniciales), desde 2017, deberán pagar la obra.

La nueva construcción pretende descongestionar el tráfico vehicular del puente de la Unidad Nacional, a la entrada del puerto principal. (I)

Sobre las promesas de ambas administraciones, expresó que lejos de tranquilizarlos, los deja preocupados. “Los estudios no contemplaron muros antirruidos, ni semáforos para la salida de las urbanizaciones cercanas y muchísimas cosas más que hoy, como si se tratara de una ligereza, se pretende remediar con parches en el camino”.

De acuerdo con la propuesta municipal, el Consorcio Enlace 780 levantará la estructura en un plazo de 18 meses, a partir de que la Prefectura del Guayas emita la licencia ambiental.

Para los moradores, la suscripción del contrato es la culminación de un proceso de contratación pública viciado de ilegalidades.

El artículo 23 de la Ley Orgánica de Contratación Pública establece que antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo con la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos, cálculos y especificaciones técnicas debidamente aprobados por las instancias correspondientes.

Valladares recordó que el 17 y 18 de agosto de 2015 solicitaron a Nebot y Yúnez, respectivamente, copias de los planos definitivos del proyecto, sin embargo, el Alcalde de Samborondón respondió, el 24 de agosto, que “no los tenían porque se estaban realizando ‘ajustes que se han hecho necesarios últimamente’; y el Alcalde de Guayaquil, el 31 de agosto, indicó que ‘si queríamos los planos, los bajáramos de internet’”.

El contrato del viaducto asciende a $ 71’946.390: el 30% lo financiará Guayaquil y el 70% Samborondón. En la firma del contrato, los burgomaestres ratificaron que los habitantes de la parroquia La Puntilla deberán pagar una tasa por beneficiarse directamente de la obra.

Al respecto, los residentes también cuestionan la legalidad de ese rubro, pues “la facultad de crear un nuevo impuesto de conformidad con la Constitución le corresponde de manera exclusiva al Presidente de la República”.

Finalmente, denunciaron que los consultores no cumplieron con la explicación técnica ni ambiental en el proceso de Participación Social del proyecto. (I)