Las familias que viven en la parte alta del cerro de Nueva Prosperina serán reubicadas en planes habitacionales del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi).

Precisamente, un estudio de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), del año pasado, determinó que 303 familias, de entre las manzanas 1.098 y 1.101, debían ser reasentadas porque habitaban al pie de las laderas. De esa cantidad, 166 fueron trasladadas a Socio Vivienda.

Las 137 familias restantes (685 personas) aún esperan solucionar su situación.

Según Julio César Quiñónez, titular de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi), el plan de apoyo está próximo a concluirse.

En el marco de este anuncio, también se denunció que existen personas que extorsionan a los moradores del lugar bajo el argumento de que se retirará, mediante la fuerza, a 200 familias. “Esto es  falso, no habrá desalojo en la zona”.

Hasta el momento se tiene identificada a una mujer que, de acuerdo los vecinos, habría realizado la venta ilegal de algunos lotes de Nueva Prosperina. La Stpahi prefirió mantener en reserva el nombre de la imputada.

La ciudadana, explicó Quiñónez, interpuso una demanda en la Defensoría del Pueblo, sacó copias y cobró hasta $15 por familia  para que colocaran el documento en un lugar visible de la casa “y con eso, supuestamente, no los iban a desalojar”.

Los vecinos ayer entregaron documentación que certifica que la acusada vendió terrenos hasta por $3.000, al igual que otras personas. “Es una de las que inició las invasiones en Nueva Prosperina”, afirmó Quiñónez.

Sobre el retiro de 16 familias efectuado el mes pasado en Nueva Prosperina, Quiñónez puntualizó que se trataba de personas que ya habían sido retiradas en 2013 y volvieron a construir. Las viviendas destruidas estaban en una zona de riesgo.

Desde ahora los residentes de la parte alta de ese sector  sienten preocupación por la proximidad de la temporada invernal, ya que hay antecedentes de que se han visto perjudicados con las lluvias.

Karen Banchón, vecina de la manzana G3, recordó que aún no reciben información sobre la reubicación y criticó que el traslado haya empezado por las familias que viven en la parte baja del cerro “cuando nosotros estamos en mayor riesgo”.

La moradora Blanca Borbor, en cambio, denunció que la zona aún es visitada por aquellos que vendieron terrenos en forma ilegal y que no los han denunciado abiertamente por temor a represalias. “Necesitamos mayor protección policial”.

El titular de la Stpahi se reunió ayer con los moradores del lugar para conocer más detalles de la situación de las viviendas. Recordó que se le está dando prioridad a los ciudadanos que llegaron a la cima del cerro hasta antes de 2010.

Mientras que el Miduvi, en anteriores ocasiones, ha criticado que el Municipio haya legalizado casas en zonas de riesgo, en la parte más alta de la elevación, donde se registran deslaves durante las lluvias.