El informe anual de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), sobre la libertad de prensa en Ecuador durante el primer año de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, destaca que nuestro país subió 25 puestos en su escala, que no sabemos cómo se hace y con base en qué informes.

De todo el documento ese ‘detalle’ apenas ocupa un párrafo. Pero sí está muy bien resaltado, según esa ONG, el nivel de presión sobre los periodistas. Para ello recoge todas las ‘denuncias’ sobre el tema, pero solo lo que corresponde a supuestos actos contra determinados periodistas y medios de la prensa privada y comercial.

Eso sin contrastar si lo que se denuncia es cierto o solo cuenta el testimonio de los supuestos afectados. En cambio, sobre lo que ha ocurrido contra los medios públicos, sus periodistas y autoridades no hay una sola línea. ¿Eso es profesional, ético, técnico? ¿Pueden considerarse dignos de credibilidad informes de esta naturaleza, según la ‘objetiva’ óptica -en este caso- de una entidad foránea?