Los alcaldes no pueden hacer lo que les venga en gana. Aunque parezca paradójico, tienen responsabilidades y límites marcados por la Constitución y varias leyes. Su ley fundamental es el Código de Ordenamiento Territorial. De eso no pueden pasar o abstraerse.

De ahí que hablar de la autonomía municipal no implica fijar una visión ‘independiente’ de lo que Ecuador necesita para una convivencia armónica y democrática. Sería impensable, por tanto, que cada municipio tenga sus leyes, policía, normas y hasta moneda propias.

Están obligados a coordinar con el nivel central del Estado y con todas las instancias para reducir los asentamientos urbanos irregulares, que en muchos casos algunos municipios permiten y aúpan, en donde viven 3 millones de ecuatorianos con sus impactos.