Lo único coherente de la asociación de empresarios de periódicos es su testarudez: no quiere una ley de comunicación en Ecuador ni en América y lo repite año tras año, en cada una de sus asambleas. La incoherencia es que la Ley Orgánica de Comunicación de nuestro país garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas periodísticas, cuyos propietarios han sido los principales causantes de despidos, salidas ilegales y hasta fórmulas variadas para no cumplir ética y laboralmente con sus periodistas.

Esos empresarios, además, se quieren constituir en un actor político que determina qué se legisla en cada uno de los países. Su última reunión en Santiago de Chile repite el mismo formato, frente a otra realidad: en México se reúnen delegados de todo el continente para afianzar los procesos de construcción de medios públicos, con el apoyo de gobiernos democráticos de toda clase de ideologías. Cada día hay más medios públicos con legitimidad.