Ecuador no está para bromas ni para fanfarronadas de nadie. Hay un Estado de derecho y se sostiene (más allá de la estabilidad democrática destacada por propios y ajenos) porque sus instituciones han generado confianza y un desarrollo distinto al caos en el que los bravucones gobernaban.

Ahora han saltado a la escena política los defensores casi fanáticos de las consultas para todo. Antes, cuando se trataron temas como la seguridad social obligatoria, los derechos de la comunicación y el cambio estructural de la justicia dijeron pestes. Incluso llegaron a elaborar (junto a analistas de ‘izquierda’) la teoría de la democracia plebiscitaria.

La consulta popular es y debe ser una institución y una herramienta democrática para el desarrollo de las políticas públicas establecidas, con todo rigor, en la Constitución. No puede usarse para la venganza política ni para imponer sus fervores hepáticos sobre obligaciones concretas. ¿En qué cultura política democrática cabe que se la use para fijar o no el alza de los pasajes?