El 28 de enero, en Barcelona, España, Ecuador marcó otro hito: el presidente Rafael Correa puso en marcha la Ley de Movilidad Humana, ejemplo para el mundo, a decir del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), pues es “un paso importante en la protección de refugiados y solicitantes de asilo, y actualiza el marco para regularizar el estatus de inmigrantes, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y víctimas de trata de personas y tráfico de seres humanos”. Establece varios principios: igualdad de trato ante la ley; no devolución de personas a países donde su vida o sus derechos pueden verse amenazados; tampoco se criminaliza la migración irregular.

A escala nacional, esta ley vanguardista obliga al Estado a garantizar los derechos de los ecuatorianos en su lugar de residencia alrededor del mundo, y protege esos derechos, cualquiera sea el gobierno de turno. Con esta política de Estado, el país legisla a favor de la vida, pues “en el nuevo Ecuador nadie está solo”. (O)