Nadie puede imaginar lo que pasa en una familia tras un hecho violento, como es una violación. Pero también debe ser muy grave y doloroso que de ese hecho se haga el uso político más perverso, con fines absolutamente proselitistas. Y quienes lo hacen son tan culpables como quien comete una violación, no solo porque
-como dicen los expertos- al amplificarlo revictimizan a la familia o crean atracción al tema, sino porque -además- lo hacen del modo más sádico.

Resulta repudiable que nunca antes, durante los dos años que lleva el caso ocurrido con un niño de un colegio de Quito, salieron a las calles, y menos a defender a la familia, pero ahora, en plena campaña electoral, lo hacen para señalar a supuestos responsables políticos, por una también supuesta relación con el Gobierno. Los grupos feministas saben bien qué pasa cuando se escandaliza con asuntos de esta naturaleza.

Lo saben tan bien que -como en otros casos- se quedan callados. Los jueces deberán hacer lo que les corresponda, pero el fanatismo y el perverso uso político no pueden ser la marca para precisamente hacer justicia, a costa de una familia y un niño. (O)