Aquello pensado y ejecutado con inteligencia, solo puede producir resultados racionales y lógicos. Lo contrario ocurre cuando prevalece lo sentimental o inverosímil, que puede darse a remolque de la influencia de aspectos de índole ideológica, política, religiosa u otra.

Tanto lo público como lo privado son susceptibles de pensarse de las maneras indicadas, aunque por la importancia que posee, se supone que la estructura institucional del Estado solamente puede ser producto de la razón en su generación, organización y desempeño. Pero no siempre es así, por eso, ante el Estado obeso amamantado por la revolución ciudadana, estamos forzados a intervenir con racionalidad.

Todos sabemos que en la década pasada -con relación al tamaño del país-, el aparato público junto con el número de funcionarios crecieron de manera desmedida, a lo cual lógicamente se adicionó partidas presupuestarias, vehículos, equipamiento, insumos, propaganda y otros elementos irremplazables para el funcionamiento.

Como resultado, las instituciones y la burocracia llegaron a pesar exageradamente en el presupuesto y, dicho sea de paso, no alcanzaron cotas altas de eficiencia, sino únicamente en casos contados y por corto tiempo.

Todo indica que en general se adoptaron decisiones inconsultas e irracionales sobre el tamaño del Estado, lo que trajo consecuencias desfavorables; reflexionemos en que mientras más obeso es aquel, más pequeño y débil lo es el ciudadano.

Ante esta certidumbre, es impostergable evitar el desangre de recursos económicos, escasos por definición y optimizar lo público con miras a servir eficientemente y con calidad.

Dentro de este contexto complejo, soy de los que piensa que la decisión gubernamental de eliminar y fusionar instituciones, como son los casos de los servicios nacionales encargados de impuestos (SRI) y aduanas (Senae), es pertinente. Racionalizar o estructurar inteligentemente el aparato público, siempre hará bien a todos. (O)