Inexplicable. La Policía ha sido atacada por cuidar a los ciudadanos en plena crisis del covid-19. Los servidores policiales han sido víctimas de agresiones verbales, físicas -a través de golpes-, con objetos contundentes, como piedras, palos, armas de fabricación casera (puñales, dagas, cuchillos), machetes, armas de fuego: pistolas, revólveres, escopetas.

Ellos han sido atacados por una persona, grupos y hasta por familias enteras. Por esas agresiones, decenas de policías han sido internados en casas de salud con roturas de cabeza, dedos cercenados, fracturas de huesos, cortaduras de chalecos de protección y en su cuerpo. También han sufrido robo de pistolas, daños y destrucción de patrulleros (daño de espejos, parabrisas, faros).

El Ministerio de Gobierno ha presentado 43 causas, según el tipo de delitos, que van desde el ataque, resistencia (los más numerosos) hasta la tentativa de asesinato. El ataque, por ejemplo, está establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para las acciones que se cometen en contra de los servidores policiales mientras cumplen con su deber.

Esas causas se levantaron con la base de casos de la Dirección de Patrocinio y fueron confirmadas con el sistema Satje del Consejo de la Judicatura. El Ministerio de Gobierno, además, ha presentado 34 acusaciones particulares y hay 19 investigaciones previas y seis acuerdos conciliatorios.

La institución tiene 98 sentencias a favor por contravenciones penales. Una de esas sentencias a favor es el caso del sargento Leonidas Pavón. El 13 de julio de 2019, en el sector de la Marín, Quito, él fue al local Promociones de la Marín para ayudar a Ángel Vaca, un señor de la tercera edad, quien había sufrido un violento robo. Mientras el sargento lo atendía, el asaltante le apuñaló en el muslo derecho dejándole una herida de 10 centímetros de profundidad que ocasionó su muerte.

El Ministerio ganó esa causa casi un año después, cuando el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha dictó sentencia contra Luis Eduardo Salambay: 10 años de prisión, una multa de 800 salarios básicos unificados y $ 5.000 como reparación a los familiares de la víctima. (O)