Se especuló que el viaje del Presidente Rafael Correa a Europa se dio por la necesidad “urgente” de establecer nuevos acuerdos comerciales bajo la modalidad de Tratados de Libre Comercio (TLC), que impulsen la productividad sistémica interna del país y aumenten los niveles de competitividad frente a otros países de la región, especialmente con Colombia y Perú, dado que ambos mantienen acuerdos de libre comercio unilateral con los Estados Unidos.

Sin embargo, y dadas las reiteradas intervenciones del Presidente del Ecuador, tanto académicas como políticas, se  manifestó un NO rotundo ante cualquier posibilidad de firma de un TLC.  Por otra parte, los Acuerdos Comerciales para el Desarrollo que aspira concretar el Gobierno ecuatoriano se extenderían a toda la Unión Europea, pero bajo las nuevas reglas de cooperación establecidas en los últimos años a través de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional y la Cancillería.

Estos compromisos incluirían acuerdos de protección de inversiones, que se darán bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio y no de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) ni del Banco Mundial. En este punto, cabe destacar que el Gobierno nacional ha sido crítico de los Tratados de Inversión Recíproca que tiene firmados con 26 países, y espera en mayo próximo denunciarlos en la Asamblea Nacional, para darlos por terminado.

Bajo este nuevo esquema de relacionamiento comercial y político entre Ecuador y el mundo, surge una gran inquietud: ¿por qué hay un rechazo explícito y contundente a los TLC?

En primer lugar, un TLC es un acuerdo que firman dos o más países (bilateral o multilateralmente), para “agilizar” el flujo comercial y estimular la “libre” circulación de bienes, servicios y capitales, a través de: la eliminación  y exoneración de aranceles sobre ciertos productos y la generación de contratos exclusivos en sectores estratégicos y priorizados de una de las contrapartes del TLC; entre otros.

Por otra parte, según varios expertos en el área (y en declaraciones propias del Presidente Correa), “el TLC es un blindaje político al ordenamiento legal existente que aplica un modelo económico de mercado, el cual no puede modificarse tan fácilmente”.

Adicionalmente, las reglas de juego siempre han favorecido a la contraparte que mayor peso político y económico tiene en el sistema mundo, atentando, inclusive, a la soberanía de la política pública del país en desventaja. Esto, pues un TLC no funciona como una norma interna del país, donde la Asamblea pueda derogarlo o modificarlo fácilmente, pues se trata de un tratado internacional cuyo manejo se sujeta al derecho internacional.

Los negativos costos que generaría la firma de un TLC no solo son de orden comercial, sino geopolíticos y culturales, pues estos tratados han servido para menoscabar la soberanía interna de los países “en desarrollo” y fortalecer a los centros hegemónicos del capital mundial.