Desde el 3 de diciembre, con la aprobación de las enmiendas a la Constitución de 2008, se abre una nueva etapa en la historia de las relaciones laborales en Ecuador.

En el ámbito laboral, ¿qué beneficios proporcionan las enmiendas?

Las enmiendas ampliaron derechos. Era ilógico que los servidores públicos que estaban bajo el Código del Trabajo no tuviesen derecho a la asociación. Las enmiendas nos ponen a todos bajo un mismo régimen jurídico. Se logró poner orden y limitar la especulación de ciertos sectores sindicales que, durante muchos años, han querido hacer lo que desean en el sector público. Además el tema de la contratación colectiva queda absolutamente definido y claro. Se mantienen los contratos que estaban vigentes antes de las enmiendas.

A corto plazo, sin embargo, existiría un tratamiento disímil entre quienes quedaron sujetos al Código del Trabajo y quienes estarán normados por la Ley Orgánica del Servicio Público...

Se estableció una transitoria de 180 días para las reformas a la Losep. Revisaremos los mecanismos para establecer si quienes están actualmente en el Código del Trabajo pueden pasar inmediatamente a la Losep, si así lo desean.

Una vez que las enmiendas y las transitorias fueron aprobadas, ¿podrían aducirse razones para la oposición a las transformaciones?

Hay derecho a huelga y derecho a la asociación. No tiene sentido una protesta. Por su naturaleza, el contrato colectivo busca poner una situación de equilibrio entre el capital y el trabajo. El sector público no persigue utilidad. ¿De qué contrato colectivo podemos hablar?
Lo que sí hemos hecho como Estado es ratificar el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo a efectos de que ingrese al ordenamiento jurídico ecuatoriano. En aquel se establecen con claridad los mecanismos de negociación, acuerdos y entendimientos entre los servidores públicos y las autoridades nominadoras. Pero eso no puede denominarse un contrato colectivo.

¿Qué modificaciones podrían incluirse en la Ley Reformatoria a la Losep?

No podría adelantar un criterio particular. Desde el Ministerio del Trabajo haremos llegar propuestas a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y a la Presidenta de la Asamblea Nacional.

Algunos dirigentes laborales decidieron no participar en las reuniones para definir el salario básico unificado. ¿Influye esa decisión en el proceso?

Lamento profundamente que no estén presentes en una mesa de discusión donde se establece el salario básico unificado cuyo incremento beneficia a más de dos millones de trabajadores en el país. Hubiera sido importante tener el criterio de los trabajadores. Nosotros reiteramos la invitación del Ministerio del Trabajo para que los trabajadores puedan estar presentes. Pero no somos parte de la negociación. Nosotros facilitamos la negociación donde se sientan trabajadores y empleadores. Si una de las partes no quiere sentarse, no podemos obligarla.

Esa ausencia, ¿incide en la legitimidad a las negociaciones?

No, en lo absoluto. La ley es clara. Si no hay acuerdo entre empleadores y trabajadores, el Ministerio del Trabajo define el monto. Lamentablemente, desde hace años, en el país no ha existido un acuerdo para llegar a la unanimidad en el salario básico. No obstante, lo que nadie puede negar es que, desde 2007, ha existido un incremento inédito en nuestra historia. En Ecuador tenemos el mejor salario básico en la Comunidad Andina y el segundo o tercer mejor salario en América Latina. Hemos acortado las brechas de inequidad e injusticia social con relación al salario que recibían los trabajadores.

¿Qué acciones o políticas podría el Ministerio del Trabajo implementar para contribuir a enfrentar la coyuntura económica del próximo año?

El Ministerio de Trabajo ha dado muestras claras de políticas que arrojan resultados. Entre estas se encuentra la ‘Red Socio Empleo’. A través de esta red, cerraremos el 2015 con cerca de 5 mil personas que han sido colocadas en empleos en el sector privado. De lo anterior se desprende que debemos seguir impulsando la utilización de la red.

Otra intervención está relacionada con los emprendimientos. El Ministerio de Trabajo no genera política de empleo pero sí puede dar los indicadores necesarios para que, desde el ‘Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y Competitividad’, se tomen las medidas pertinentes. En ese sentido, le estamos planteando al Consejo Sectorial incentivar los emprendimientos, impulsando mucho más los créditos que realiza la banca pública, pero con un mayor acompañamiento del Ministerio del Trabajo y de otras entidades encargadas como el Ministerio Coordinador de Producción y la Senescyt. A su vez estamos generando un proyecto de un nuevo modelo de gestión para el ‘Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional’ (Secap) que presentaremos al Presidente de la República. Buscamos que el Secap sea un actor operativo para prestar capacitaciones allí donde las operadoras privadas no llegan.

A partir del próximo año, el Consejo Nacional del Trabajo y los Salarios fijará los sueldos. ¿Qué ventajas conlleva la nueva institución y sus procedimientos?

El Consejo pretende generar un acompañamiento a lo largo de todo el año a través de indicadores relacionados con productividad, equidad, condiciones económicas, etc. Esta información nos permitirá realizar un análisis más detallado con anterioridad a la toma de decisiones sobre el incremento de los salarios, pero con el involucramiento mucho más fuerte de empresarios y trabajadores en permanentes reuniones. Esto generará una institucionalidad más sólida para que, al final del año, los acuerdos a los cuales podamos llegar con los empleadores y los trabajadores puedan alcanzarse efectivamente de manera consensuada. El Consejo Nacional del Trabajo institucionaliza una mesa de diálogo permanente no solo para salarios sino también para otros aspectos del ámbito laboral que son importantes para el desarrollo económico del país. Por ejemplo, una vez que sea presentada al Presidente de la República y aprobada, la propuesta del Secap será llevada al Consejo porque es importante que el sector empresarial conozca que el relanzamiento de ese servicio beneficiará a las propias empresas. Estas tendrán una mayor diversidad de trabajadores calificados.

El presidente de la Asociación de Bancos Privados, César Robalino, propuso congelar salarios durante cinco años. ¿Qué opina?

Esa medida no es viable jurídicamente. El Código del Trabajo establece que el incremento de los salarios debe efectuarse considerando al menos el incremento de la inflación. En el Ministerio del Trabajo estamos claros en que la fuerza laboral es el alma de la producción de este país. (I)