Los avances de Ecuador en materia de la lucha contra lavado de activos, terrorismo y su financiamiento permitieron su retiro de la clasificación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como jurisdicción con deficiencias estratégicas en esta materia, según informó ayer la Procuraduría General del Estado (PGE).

El país pasará temporalmente a la lista de naciones en proceso de  cumplimiento.

La decisión fue tomada por el pleno del GAFI, reunido en Brisbane, Australia, luego de aprobar el informe del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional, según el cual “Ecuador ha alcanzado progresos significativos para consolidar su régimen antilavado y antifinanciamiento del terrorismo”.

Entre los puntos analizados por el organismo están la tipificación adecuada del lavado de activos y el financiamiento terrorista, el establecimiento de procedimientos adecuados para identificar y congelar activos terroristas, y  la coordinación para la supervisión del sector financiero.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), es uno de los instrumentos que ha abonado al control de estos ilícitos en Ecuador al abordarlo con más precisión. El artículo 317 especifica que el lavado de activos queda configurado cuando una persona, en forma directa o indirecta, “tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen ilícito. Así también, en caso de que oculte, disimule o impida la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito”.

El documento hace otras especificaciones en las formas de operaciones del lavado de activos, así como de sanciones.

El lavado de activos es una figura que busca dar una apariencia legal a un dinero de origen ilícito y de esta forma integrarlo a la economía de un país. Las transacciones se efectúan a través de empresas ‘fantasmas’ que, si bien son legales, se utilizan para enmascarar actividades que no lo son. También ocurre a través de la compraventa de bienes o instrumentos monetarios como vehículos, inmuebles, y a través del contrabando o transferencias bancarias y electrónicas.

Ecuador venía hacía algunos años trabajando para no ser catalogado como una nación de alto riesgo. Desde 2014, con la expedición de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos, las instituciones financieras están obligadas a cumplir varios requisitos para la detección de un ilícito.

Los bancos, así como las casas de valores, deben registrar datos como identidad, ocupación y actividad económica de clientes, permanentes u ocasionales, y en el caso de personas jurídicas, el registro incluye la certificación de existencia legal, capacidad de operar, nómina de accionistas.

Las instituciones además deben registrar las operaciones y  transacciones individuales de cuantía superior a $ 10.000.

Diego García Carrión, titular de la PGE, señaló que finalmente se ha dado una justa valoración al compromiso del país en su lucha contra estos delitos.

Desde 2009, el GAFI comenzó a desarrollar un proceso tendiente a identificar países o jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Bajo tales parámetros estableció un listado inicial de países a revisar. En una primera prueba el organismo recomendó la aplicación de contramedidas para Irán y Corea del Norte, y en una segunda categoría incluyó a Ecuador, junto a Argelia en un grupo de naciones que “no habían adoptado un plan de acción” para efectos de erradicar el lavado de activos.

La decisión favorable hacia Ecuador contó con el apoyo de las delegaciones de Rusia, Argentina, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia, México, España, Estados Unidos, y con el pronunciamiento positivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).  

Como parte del proceso de salida de la lista del GAFI, para los próximos meses se ha programado la visita al país de un equipo técnico que dará seguimiento al estado de implementación del Plan de Acción del Ecuador.

El GAFI realiza un seguimiento continuo de la situación de todos estos países, conjuntamente con los grupos regionales. (I)

DATOS

La ley vigente estipula que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) podrá recibir información sobre operaciones o transacciones económicas inusuales.  

Ecuador fue puesto en observación en 2012, por lo que desde entonces se comenzaron a implementar normas de control orientadas a las instituciones financieras, así como a las de la Economía Popular y Solidaria.  

El Grupo de Revisión de Cooperación Internacional trabaja identificando y examinando a las jurisdicciones que presentan fallas en la implementación efectiva en sus regímenes antilavado.

El GAFI está integrado por 26 países y 2 organismos internacionales. Entre sus miembros están los principales centros financieros de Europa, Norteamérica y Asia.