El procurador general del Estado, Diego García, confirmó que la Superintendencia de Bancos y Seguros está en la capacidad legal de cobrar los intereses a los accionistas de los bancos que entraron en liquidación desde 1998 hasta 2010 y que generaron una grave crisis financiera.
Durante su comparecencia ayer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el funcionario dejó también en claro que esta acción solo podrá cumplirse con quienes tengan más del 6% de acciones en las instituciones financieras cerradas.
Explicó que dicha resolución se basa en lo que determina el artículo 154 de la ley reformatoria a la Ley de Instituciones Financieras y de Reordenamiento en Materia Económica y Financiera que fuera aprobada por la Legislatura en 2012, y en la cual se otorga la facultad para que el Estado, como acreedor mayoritario por haber pagado las deudas de los depositantes de la banca cerrada, pueda realizar el cobro de los intereses.
García señaló además que la norma otorga al organismo de control, la capacidad de tomar acciones coactivas contra los deudores.
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