La minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando son tres de las actividades criminales que más habrían sido afectadas, tras el retiro del subsidio al diésel, y la posterior redistribución de los recursos hacia áreas como asistencia social, agricultura y transporte, entre otras. 

Según cifras el Gobierno Nacional, el consumo del combustible cayó en un 25,1% en Imbabura, tras la medida implementada por el presidente Daniel Noboa, mediante Decreto Ejecutivo. 

Al hacer la comparación entre las semanas previas y posteriores a la decisión, los envíos pasaron de 1.347.442 a 1.092.749 galones, una disminución que también se refleja en los promedios diarios, que bajaron de 112.287 a 84.058 galones. Esta reducción permite identificar cambios claros en el patrón de consumo y en la distribución del combustible.

Datos oficiales confirmaron que el consumo en Imbabura superaba de manera sistemática los cupos establecidos por las autoridades. Estaciones de servicio ubicadas en puntos estratégicos como la Panamericana Norte, la E-35 y la E-10 tenían una cuota autorizada de hasta 1,74 millones de galones por estación, pero en la práctica, ese límite era superado, y llegaba  a 1,91 millones.

El Gobierno señaló que sectores como el transporte, la agricultura y la industria —que dependen directamente del diésel— no han detenido sus operaciones ni se ha visto una merma en su abastecimiento regular.

Según el Ejecutivo, el diésel subsidiado se canalizaba hacia supuestas actividades ilícitas.. Con el nuevo esquema de precios, el margen de ganancia para estas redes se ha reducido, ya que “el precio del combustible se aproxima al de Colombia”, quitándole atractivo al contrabando transfronterizo. Al mismo tiempo, se ha evidenciado un descenso en el abastecimiento a zonas donde operaban estructuras delictivas.

Por ejemplo, en localidades como Buenos Aires, Alto Tambo, Chical, El Cielito y El Pablo, históricamente vinculadas a actividades ilícitas como la minería ilegal, han sentido de forma directa el impacto de estas restricciones.

Según indicó el Gobierno Nacional en un comunicado, la población de estos sectores reconocería la presencia de organizaciones dedicadas a la explotación de recursos naturales sin regulación, quienes empleaban “diésel subsidiado” para operar equipos pesados, sistemas hidráulicos y generadores eléctricos. Al desaparecer esa fuente de abastecimiento, “se limita de manera directa su capacidad de acción". 

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) September 29, 2025