El embajador estadounidense, Todd Chapman, marcó ayer en Guayaquil las pautas de su país para llegar a un acuerdo comercial con Ecuador y advirtió que la renovación del Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGP) no está entre las prioridades del Congreso.

Sobre este último punto, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, explicó que Ecuador está dentro de los elegibles para beneficiarse del SGP, pero, enfatizó que no deja de ser a corto plazo y por ello  la importancia de un acuerdo comercial.

En su presentación durante el I Foro de Comercio e Inversiones, Chapman indicó que lo que busca EE.UU. es estabilidad, certeza jurídica, cumplimiento de la ley y disminución del riesgo país. Celebró que Ecuador ahora genere una percepción de mayor seguridad y apertura.

Aclaró que su gobierno protegerá a los trabajadores estadounidenses y la propiedad intelectual. “Recuperar este aspecto es la tarea de EE.UU.” Es en este punto que surge un reparo hacia China, y Ecuador no se queda fuera, pues Chapman puso de ejemplo el uso de software sin licencia, “lo que es un robo”.

Los reparos hacia China van más allá, por ello Chapman expresó la preocupación de EE.UU. por la inversión de ese país en América Latina.

Una comisión ecuatoriana viajará a EE.UU. mañana con la intención de reactivar el Consejo de Comercio e Inversiones. Campana resaltó que las ideologías no entran en las negociaciones y añadió que la figura para el acuerdo comercial aún no se define.

EE.UU. representa para Ecuador la tercera parte de sus exportaciones no petroleras. Chapman expresó que $ 5.600 millones se movieron por el intercambio comercial hasta noviembre de 2017.

El representante de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), Iván Ontaneda, recalcó que su sector mueve $ 11.500 millones y que están interesados en negociar con EE.UU. Por su parte, el sector atunero también se muestra expectante por un acuerdo comercial. Bruno Leone, de la Cámara de Pesquería, espera que se concrete en 2018.

El ministro Campana resaltó la decisión del Gobierno de declarar la inversión privada directa como política de Estado. Por ello, paralelamente se negocia con nueve naciones para atraer inversiones y fomentar las exportaciones, lo que significará incremento de producción y el empleo. (I)