En la columna de diario EL TELÉGRAFO escrita por Fernando Bustamante titulada ¿Revocatoria inoportuna u oportunista?, aquella se refiere al ejercicio ciudadano de la Revocatoria del Mandato por parte del movimiento anti-taurino, como “oportunismo político”, “pretensión fraudulenta y oportunista”, entre otros epítetos, pretendiendo ignorar esta libertad democrática claramente garantizada en la Constitución de la República, normas que él mismo en su calidad de asambleísta construyó y ahora ve con malos ojos que la ejerzamos.
En necesario entonces aclarar al lector que el movimiento anti-taurino es en sí un movimiento ciudadano apartidista, no electoral, cuyo único objetivo es la defensa de los animales en convivencia con los seres humanos y naturaleza, no es entonces un movimiento ni partido político electoral, que tenga como premisa la disputa de cargos de elección popular, por lo cual nada más ilógico que se pretenda endosar un “oportunismo político” a un colectivo animalista.
Tampoco cabe que se tache a nuestra pretensión de revocatoria del mandato como de “fraudulenta” pues para ello hemos utilizado las herramientas jurídicas que la Constitución y las leyes nos otorgan, sin defraudar nuestros principios de transparencia y honestidad y sobre todo prevaleciendo la voluntad del pueblo soberano de Quito, que se manifestó mayoritariamente en las urnas tras la consulta popular de 2011 y que derivó en la prohibición de los espectáculos públicos que tengan como objetivo la muerte del animal.
Son los medios de comunicación social que lejos de confundir a la ciudadanía deben promover esta participación social, empoderar a quienes defienden los derechos humanos, de la naturaleza y animales, y a través de estos mecanismos constitucionales se exija del Estado el cumplimiento de las normas y más aún del pronunciamiento de la voluntad popular en las urnas, y no desprestigiar este ejercicio de la tan cacareada democracia, quitándole el valor a las luchas sociales que incorporaron en el texto constitucional esta herramienta de control, fiscalización y castigo ante el incumplimiento de las autoridades estatales. (O)
Felipe Ogaz Oviedo
Comisión Popular Promotora de la Iniciativa Antitaurina
CI: 171131043-1
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