Los cambios positivos se logran con la evolución de los métodos y la visión constructiva de los nuevos líderes. Que Mesías Tatamuez haya comandado la protesta callejera la semana anterior es garantía de nada, aunque la gente suele confundir convulsión con avance. Ser un campeón de la zancadilla no te hace necesariamente un buen jugador.

Pero si el expirado Tatamuez todavía mantiene un espacio es porque buena parte de nuestra política laboral y la visión de muchos empleadores es igual de rancia. Hace 30 años el legendario director de la Organización Internacional del Trabajo, Juan Somavía, introdujo el principio del empleo decente. Es un concepto que defiende el acceso al trabajo “con derechos y sin discriminación, en condiciones seguras y saludables y con una remuneración suficiente para vivir dignamente”. 

Pero en todos estos años, Ecuador no hizo mucho por entrar en sintonía con este principio que, por cierto, es parte de la agenda del desarrollo de Naciones Unidas para el 2030. En la presidencia de Rafael Correa se dio un salto gigante con los derechos de los trabajadores domésticos, pero también se satanizó a la tercerización laboral. La misma OIT reconoce hoy que el outsourcing es una forma de trabajo que no necesariamente implica el abuso de los derechos.

Y así llegamos a la pandemia, que termina por erigirse en el evento global más catastrófico desde la Segunda Guerra Mundial. A falta de flexibilidad de las partes para sacrificar dinero y ser más solidarios, quizás vimos más despidos y cierres temporales de los necesarios. Se estima que en América Latina se perdieron al menos 34 millones de empleos desde la aparición del virus. 

Y mientras el gobierno y los empresarios hablan de la reactivación laboral me pregunto si la “nueva realidad” es imponer la informalidad como norma; que los albañiles no ganen horas extras y no tengan ni un baño disponible; que los bomberos en algunas ciudades carezcan de un seguro de vida; que se les prive de la seguridad social a los meseros de ciertos restaurantes. Por cierto, el IESS perdió en los primeros seis meses de covid casi 250.000 afiliados.

Es imposible coincidir con la política Picapiedra de Tatamuez pero él, que poco sabe de aportar a las soluciones, tiene una excusa que muchos encontrarán válida: las condiciones laborales en el país han sido y siguen siendo precarias. Y veo que en el afán de mostrar un mejor rostro vamos a maquillar la situación con cifras duras de demuestren la recuperación del empleo. Pero paralelamente, pasaremos por alto aquello que es menos epidérmico como el trabajo informal, la falta de pago al IESS, los despidos sin liquidaciones, la discriminación salarial, el subempleo, la explotación laboral y la patente escasez del trabajo decente. En el fondo es una múltiple crisis de liderazgo y un endoso tácito al statu quo. Al fin y al cabo, en todos lados se cuecen los tatamueces. (O)