Santa Elena es una provincia de la costa ecuatoriana. Sus playas son amplias, de arenas en tonalidades ocre y bronce que hospedan paisajes paradisíacos. En contraste, a sus 401.000 habitantes distribuidos en 3 690 kilómetros cuadrados, los azota la pobreza y la falta de oportunidades, entre otras razones, como consecuencia de la corrupción de sus autoridades locales que se reeligen indefinidamente.
Según datos del INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo) “la población bebe el agua tal como llega al hogar”, “la mayoría de los hombres tiene una ocupación artesanal mientras que las mujeres se dedican al comercio”, “la mayoría de la población no aporta o no está afiliada al seguro social” y “el 25% son mujeres en edad fértil”, es decir, “entre 15 y 49 años”. La media de años de escolaridad es de 8,8 para las mujeres y de 8,65 para los hombres.
Este es el escenario en el que se desarrolla la vida de Marjorie, una niña de trece años que vive en la comuna de Valdivia. Sus calles polvorientas es lo único que Marjorie conoce, además del extenso mar que, en esas condiciones, se convierte en el cerco de una prisión. Marjorie vive con sus abuelos maternos: su madre emigró a España cuando ella tenía tres años de edad.
A pesar de su corta edad, Marjorie tiene ocho meses de embarazo. Un día, mientras volvía de la escuela, fue abordada por una mototaxi que la llevó a la fuerza y la violó. Sus abuelos, ya ancianos, no entienden de trámites y tampoco tienen las fuerzas para realizar una denuncia. Así, la violación de Marjorie quedará en la impunidad y su vida cambiará irremediablemente como consecuencia de un evento que ella no eligió.
Esta es la realidad de embarazos prematuros producto de violación a los que se enfrentan las niñas en el Ecuador. Porque las niñas no se embarazan porque “quieren” sino porque las violan. Las cifras reportan que 7 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz diariamente.
Que una mujer se embarace a tan temprana edad, multiplica por 4 sus posibilidades de sufrir pobreza intergeneracional: al verse imposibilitada de continuar sus estudios, se limitan sus probabilidades de acceder a una vida digna. Sin embargo, el país no cuenta con un plan de prevención del embarazo infantil y adolescente. Y hay quienes lo celebran. (O)
