Las leyes deben ser justas. De otro modo, no puede hablarse de Estado de derecho, porque podrían favorecerse, en ambos casos, sentencias éticamente reprobables.

Si ha habido delitos sexuales que vulneran la ley del país, Suecia, en que  fueron supuestamente cometidos, nada debería impedir que la justicia, como es debido, se aplicara.  Pero sin que ningún otro país, y en especial los EE.UU., pudieran aprovechar la ocasión para obtener su extradición y juzgar al conocido “anarquista digital” por violación de “secretos de Estado”.  Secretos de Estado… ¿no es lo que intentan averiguar los costosísimos servicios de inteligencia?
El hacker australiano ha demostrado que los Estados deberán tener ahora mayor cuidado en bien guardar los verdaderos secretos y, también, evitar que figuren como “confidenciales” auténticos cotilleos, algunos realmente jocosos, que puntúan con un “suspenso” radical a un  número considerable de sus delegaciones diplomáticas.

Julian Assange, fundador de WikiLeaks supone, sospecha, presiente… que los Estados Unidos actuarían en cuanto saliera de la embajada de Ecuador en Londres.  Bastaría con que Estados Unidos manifestara oficialmente que no solicitará su extradición ni lo juzgará.  De hecho, la portavoz de la diplomacia estadounidense declaró el día 16 de este mes que los “Estados Unidos no tenían intención alguna de intervenir”.  Pero el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, republicano de hondo calado, ha pedido a la Casa Blanca que interponga una demanda.  Por tanto, parece prudente esperar a que termine el “consejo de guerra” que va a tener próximamente contra el soldado Bradley Manning.

Por cuanto antecede, considero fuera de lugar que el importante periódico The Washington Post del 21 de agosto sugiera que  Estados Unidos podría adoptar decisiones que afectarían económicamente al Ecuador (buena parte de las grandes compañías de Ecuador -primer país bananero y camaronero del mundo- son estadounidenses).
Ana Palacio habla de “Fraude al Estado de derecho” y se pregunta –“El País, 22 de agosto- por qué la Unión Europea permanece muda acerca de este asunto. 

Cuando ha permanecido en silencio después de que “los 3 de las Azores” decidieran la invasión de Irak que ha costado miles de muertos, mutilados, más de 5 millones de desplazados… y no reaccionó cuando  se terminó de un modo impresentable bajo todos los puntos de vista con el líder libio Gadafi… no parece apropiado hacer ahora grandes aspavientos por un tema comparativamente menor. 

Lo que sucede es que la época en que los grandes países más poderosos decidían quién era culpable y quién no lo era, y podían cambiar impunemente gobiernos democráticos por juntas militares… ha terminado.  Ahora todos los Estados irán teniendo el mismo “derecho al derecho”... y ya no se dejarán manejar por unos cuantos consorcios multinacionales.  Una vez más -no me canso de repetirlo- lo que se requiere con urgencia es unas Naciones Unidas con gran autoridad, dotadas de los medios personales, financieros y técnicos necesarios.

Juzgar por el PIB a los países empobrecidos por la codicia de los más prósperos que, además, han pretendido (G7, G8, G20) gobernar “globalmente” es un gravísimo error, basado en anacrónicas formas de análisis.

Baltasar Garzón tiene el prestigio necesario para encauzar apropiadamente este tema.  Ante precedentes bien conocidos, pero pertenecientes a otros tiempos (Cardenal Mindszety, como ejemplo), lo mejor sería abordar esta cuestión como estoy seguro lo haría el presidente Obama… si no tuviera el inverosímil acoso de unos republicanos tan imbuidos de su grandeza que no aceptan ninguna solución proveniente del multilateralismo o de la simple igualdad de todos ante la ley.

Y, hablando de “filtraciones”, ¿qué sucederá con Hervé Falciani, informático franco-italiano, cuyas informaciones sobre depósitos en el Banco helvético HSBC, en el que trabajó, han permitido conocer -¡qué vergüenza!- a miles de evasores fiscales, ciudadanos insolidarios, que con sus tapujos están contribuyendo a la crisis sistémica actual?  Solo en España se han “descubierto” 659 evasiones de capital por valor de más de 6.000 millones de euros.  Son más numerosas las puestas de manifiesto en Francia, Italia, Estados Unidos, Reino Unido…  Falciani entregó a la justicia francesa los datos a los que había podido acceder. 

A su llegada a Barcelona, el 1 de junio fue detenido en virtud de la orden de busca y captura solicitada por el Gobierno suizo a la UE.  Corresponde ahora a la Audiencia Nacional decidir. ¿Puede llevarse ante la justicia helvética a quien ha permitido, sin lucro personal, descubrir a tantos defraudadores? La legislación española no contempla la revelación de secretos bancarios como acto delictivo.  A quien deberían llevar ante la justicia inmediatamente es a todos los paraísos fiscales y a los países que los acogen. 

Europa está, desgraciadamente, bien dotada de estos “paraísos” que contribuyen al “infierno” en que se vive en muchos hogares y lugares del planeta…

Sí: se necesita revisar lo que significa de verdad, en estos casos, delito y derecho…