Recuerdo haber leído cuando era niño la zaga de horror de Ángel “Cartucho” García, el temido matón manabita que terminó acribillado por la Policía cerca de Montecristi en 1985. Había sumado a su historial de víctimas a Héctor Toscano, periodista de diario El Mercurio, y lo había confesado en una carta dirigida a Radio Cristal. “Se fue a hacerle reportajes a don Sata”, había escrito el asesino con crueldad y desparpajo. Poco después empezó la cacería en serio.
En ese mismo año también seguí aterrorizado el caso del diputado alterno del roldosismo Germán Zambrano, secuestrado, torturado y asesinado por Jaime Toral y su banda dentro de una guerra abierta con el entonces alcalde Abdalá Bucaram. Antes había caído baleado el jefe de la Policía Metropolitana Merlín Arce. Toral terminó preso y poco después Bucaram (que debía cumplir cárcel por difamación) huyó a Panamá para evitar verse las caras en la penitenciaría con su archienemigo.
Han pasado 36 años y hoy tenemos lo peor de los dos mundos: los criminales a sueldo y las mafias políticas armadas. La única diferencia es que hoy caminan de la mano. Y como si fuera poco, los peces gordos no caen, y si caen los rescatan esos desvergonzados mercenarios de alquiler enquistados en los juzgados.
No entiendo en qué momento quedamos huérfanos. Alguien dirá que tiene que ver con la década correísta por su recurrente guiño a los negocios turbios. Más allá del perjuicio económico, habría que fijarse en las voces silenciadas como la del General Jorge Gabela, que criticó la compra de los helicópteros Dhruv, o la del líder shuar José Isidro Tendetza, opuesto a la minería a gran escala.
Aun así, no creo que se le puede echar toda la culpa a Correa. Habría que ver, por ejemplo, quién mismo mandó a Mangas y Serrano a Panamá para traer de regreso a Bucaram. Sin duda, esa cultura de ver para el otro costado y poner zancadillas en las instituciones empezó muchísimos años antes.
Y así llegamos a Efraín Ruales, sentado tras el volante sin poder darle un giro a la miseria humana. Antes de Efraín fue Lizbeth Baquerizo, torturada hasta morir por su marido bajo la complicidad de su familia política. Y antes de Lizbeth fueron Paola Guzmán y Emilia Benavides. Y antes de ellas fue Fausto Valdiviezo. En esta lista, tan larga como vergonzosa, abundan nuestros jóvenes desaparecidos como David Romo o como Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo. Y no pasa nada; nunca pasa nada.
En el Ecuador de Efraín, de Lizbeth, de Paola, de Fausto y de los hermanos Restrepo Arismendi llevamos décadas llorando a los asesinados y los desaparecidos, pero a la hora de votar seguimos apoyando a gente mafiosa, débil o que se arrastra entre las sombras. En la carrera a Carondelet mucho se habla de la corrupción, pero poco se dice de la impunidad que sufre la gente común. Hasta ahora no leo una propuesta convincente sobre cómo rescatar al Consejo de la Judicatura. Mientras tanto, los grilletes electrónicos son un accesorio opcional, Salcedo baila feliz en TikTok y la mujer que atropelló a Roberto Malta recién es llamada a juicio cuatro meses después de haberse fugado. En la cárcel se apuñala a los cabos sueltos a plena luz del día.
“Cartucho” García era la mano derecha de otro matón llamado Macario Briones pero se pelearon y se marchó a Manta, mientras que su mentor se quedó en Portoviejo. Era la dinastía sin ley de los pistoleros manabitas hasta que un día alguien ingresó al predio de la Universidad Técnica de Manabí, la guarida recurrente de Briones, y lo abatió de un disparo en la cabeza. Los malos repartos y las venganzas suelen pasar factura. Mi esperanza es que seamos los ciudadanos, y no los criminales, los que pongamos fin a la pesadilla. Por eso este 7 de febrero simplemente no se puede considerar a quien tenga rabo de paja, ni padrinos prófugos ni, mucho menos, financistas nargoguerrilleros de Colombia. En mi caso particular votaré por quien realmente tenga la entereza para devolvernos la tranquilidad robada y la justicia perdida.
