La corrupción es tan antigua como la humanidad. Según su origen latino, la palabra refiere a la acción provocada por alguien con compañía de otro más. El prefijo “co” acompañado de la palabra “rumpere” y cerrado por el sufijo “io” refiere exactamente al efecto conseguido por dos o más personas que rompen o pervierten a algo o a alguien.
Todavía, en la actualidad, corromper es casi lo mismo. En el diccionario de la lengua, corromper es alterar o trastocar la forma de algo y es depravar, pervertir o pudrir ese algo. Sin embargo se ha perdido un elemento fundamental: el prefijo “co” que supone unión o compañía no es lo primero que se busca hoy en un delito de corrupción, sino una prueba del ilícito. Si la corrupción es un delito que se comete en compañía, su configuración obedecería a la organización de dos o más personas que se coluden para perpetrar un delito. Así el acto tipificado como criminoso se comprobará al demostrar la estructura creada para delinquir y no al verificar el supuesto daño conseguido, porque éste sería un delito distinto.
La delincuencia organizada, con este nombre, se encuentra tipificada en la legislación penal ecuatoriana desde 2014 y se refiere al crimen que se configura en el acuerdo de dos o más personas con la finalidad de cometer otros delitos, como por ejemplo el peculado, el enriquecimiento ilícito o la concusión que son autónomos del primero.
Hoy la justicia penal trabaja en 90 procesos agrupados en 20 casos de corrupción situados todos en la denominada, no sin cierta ironía, como la “década ganada”. En los casos Odebrecht, Petroecuador, Singue, Petrochina, aportes ilegales a la campaña de Alianza País, la fiscalía ha logrado establecer responsabilidades penales en contra del ex presidente Rafael Correa y su ex vicepresidente Jorge Glas que constan implicados en 26 causas. El primero se encuentra prófugo y el otro cumpliendo varias penas en la cárcel, lo mismo que una decena de altos funcionarios. Otros huyeron. (O)
