El covid-19 ya ha matado a más de 200.000 personas en el mundo. Más de la mitad de estas muertes ocurrieron en Europa. Por lo tanto, es fácil entender por qué los Gobiernos han tenido que tomar medidas extraordinarias.

La vigilancia es un caso puntual. Mientras vale la pena explorar el potencial de las herramientas digitales para contener la propagación de infecciones, también pueden volverse contra nosotros cuando se entrometen en nuestras vidas privadas y restringen nuestra capacidad de participar en la sociedad.

Este riesgo ya ha surgido en varios países europeos. En Rusia, el Gobierno ha recurrido a cámaras de reconocimiento facial para imponer la cuarentena sin las garantías de que dicha tecnología no se utilizará para otros fines. En Azerbaiyán, los ciudadanos deben reportar sus movimientos por SMS a un sistema electrónico, lo que potencialmente permita a la policía monitorearlos. En Montenegro, el Gobierno publicó en su sitio web los nombres y las direcciones de las personas a las que se les ordenó autoaislarse luego de regresar del extranjero.

En Polonia, una aplicación obligatoria proporcionada por el Gobierno requiere que las personas en cuarentena se tomen selfies con el registro de la hora y las coordenadas de GPS varias veces al día.

Estos son algunos ejemplos preocupantes de una tendencia general de vigilancia que está tomando lugar en Europa que plantea preocupaciones sobre su compatibilidad con las normas de derechos humanos que rigen la protección de datos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que pueden existir restricciones y que el uso de datos personales puede ser necesario en ciertas situaciones de emergencia. Sin embargo, también recalcó que los Estados solo pueden hacerlo bajo condiciones excepcionales y precisas, mientras que ofrecen garantías legales adecuadas y supervisión independiente. También deben asegurar de que las medidas adoptadas se basen en la jurisprudencia, permanezcan compatibles con el objetivo deseado, sean lo menos intrusivas posibles y se levanten una vez que ya no exista la razón para introducirlas. Si los Gobiernos no respetan estos límites legales, corren el riesgo de poner en peligro nuestros derechos sin necesariamente proteger nuestra salud. (O)

*Tomado de la DW