Ante versiones de prensa de que el artículo 18 de la Constitución se contrapone con la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Presidencia de la República, en un texto enviado a esta Redacción, asegura lo contrario.

El articulado  estipula que las personas tienen derecho a “buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior”.

Mientras el artículo 13 de la CIDH establece que los ciudadanos “tienen derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras (…). El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública”.

El Gobierno asegura que los dos cuerpos legales defienden la libertad de expresión y destacan la responsabilidad ulterior. Agrega que el informe realizado por el técnico Gustavo Gómez, de la Unesco,  no representa la opinión del organismo internacional.