La reducción de las emisiones de una empresa facilita la venta de sus productos, en mercados con normas rigurosas.

El Gobierno está abierto a analizar todos los pedidos. En 2010 se cambió la fórmula para frenar la evasión tributaria.

Sin las preferencias arancelarias, el costo para el país sería de $ 100 millones en el primer trimestre del próximo año.