Seguro que los enjuiciados dentro de este proceso están en todo derecho de defenderse. No existen dudas de que pueden y deben estar atentos de su desenvolvimiento judicial, al igual que el acusador, en este caso el Presidente de la República, algo poco común en la historia del Ecuador, actitud que fortifica los principios democráticos en el país, porque nos demuestra que el Jefe de la Estado utiliza los medios legales para reclamar sus derechos, que él estima han sido lastimados.

Está bien que el economista Correa Delgado, públicamente insista en que la causa está siguiendo el curso normal, de acuerdo a los lineamientos de la ley de Procedimiento Penal en vigencia, cuando los acusados, por medio de la prensa,  intentan hacer creer a la opinión pública que existen irregularidades, actitud que podría tolerarse sin aceptarla, en su afán de lograr el apoyo de instituciones populares. Pero está muy mal, sinceramente criticable, que con ese propósito, se ponga -sin prueba alguna- en tela de duda la honestidad de los juzgadores, cuando se hace conocer por los diarios, especialmente por el mismo El Universo, que uno de los miembros del tribunal  “fue compañero y es amigo del abogado defensor del Presidente”, como si aquello fuera motivo de parcialización en el momento de resolver, dejando entrever que ese juez, por esa condición nada rara, dejará de ser probo al momento de juzgar, adelantándose a los hechos y dejando en mal predicamento su postura moral. Esto nos obliga a creer que, en el supuesto caso de que se falle contra ellos, fue justamente por aquello y no por justificativos legales.

Cualquier ciudadano pode ser amigo o haber sido compañero de tal o cual persona, que en un momento determinado se encuentre en actitud similar, judicial o administrativamente, sin que eso implique, de ninguna manera, que esté presionado o tenga que alejarse de la ética para proceder a determinar. Sinceramente, nosotros somos amigos de muchos jueces y fiscales, sin que eso quiera decir que, por ayudarnos, se divorcien de sus principios y de las leyes.  En estas condiciones, claramente analizadas, concluimos que se está prejuiciando y lastimando  la honra ajena, lo que podría verlos inmersos en nuevos enredos judiciales.

Arturo Santos Ditto

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Guayaquil-Ecuador