Olas condiciones están dadas o los transportistas han hecho todo lo posible para eso. Al año, el Ecuador pierde 600 millones de dólares por accidentes de tránsito y una buena parte de ese “costo” es por accidentes provocados por transporte colectivo, mal llamado público. ¿Y las víctimas? Solo en este año ya llegan a la centena los muertos y los heridos los triplican.

Las secuelas para los que quedan vivos son dramáticas, como lo que publicó El Telégrafo por el Día de la Madre, con el dolor de las progenitoras que cuidan a sus hijos tras los accidentes últimos en diversas provincias.

La transportación pública debe someterse a ese concepto (público) en toda la extensión de la palabra. Así como la comunicación es un bien público y las audiencias requieren información de calidad para tomar buenas decisiones, las cooperativas de transporte no pueden seguir siendo esas empresas que demandan plata y no dan ni un servicio mínimo de seguridad. Cada día crece el temor y la angustia por movilizarse en un bus. Por eso también aumenta, sin freno, la compra de vehículos particulares.

En ese sentido, es oportuna, por lo menos, la discusión para definir el carácter público del transporte masivo y de ahí pasar a la opción de estatizarlo íntegramente.

Dirán los choferes que con ello perderán empleo y demás, apelarán al derecho a la libre empresa y una serie de argumentos que no se sostienen cada vez que mueren decenas de personas en las carreteras.

Si el gobierno de la Revolución Ciudadana quiere romper ese molde, trastocar el sentido de un servicio que fastidia todos los días a millones de personas, debe proponer el debate y la decisión.

Un cambio en esa línea y con la mirada puesta en los usuarios, en la gente pobre y en la calidad de vida del país podría significar un vuelco y una respuesta a una demanda intrínsecamente ciudadana y social para, por lo menos, apuntalar otros requerimientos, pero que ya no se sustenten en pedir garantías a  la vida de las personas, sino sobre su bienestar.

Si bien es cierto que en el transporte urbano la palabra final la tienen los municipios, la discusión del tema también debe concitar respuestas a ese nivel. Y para ello, sin duda, habrá que contar con la presión política de sectores que, abierta o veladamente, han hecho riqueza del transporte público, bien sea invirtiendo en unidades y cooperativas, pero también explotando a los choferes, que no son seres humanos predispuestos al crimen, sino personas irresponsables por su preparación y hasta condición de explotados. Y por eso mismo, además, debe estatizarse el transporte: para acabar con esa cultura violenta de los choferes y la explotación de la que son víctimas.