Bajo este título, el 17 de  junio pasado me referí a problemas administrativos que venía experimentando desde 2008 en el trámite para el traspaso de un pequeño departamento, y  a un suceso sospechoso de irregularidad ocurrido a mi abogado.

Con razón el Registrador de la Propiedad, doctor Sandro Vallejo Aristizábal, reaccionó muy preocupado por la imagen de la institución, empeñado como está, siguiendo una norma de vida, en la rectitud de las tramitaciones con cero tolerancia a la corrupción, a tal punto que en casos en que se ha confirmado corrupción, se han tomado las medidas del caso, desde la destitución del funcionario hasta la presentación de las respectivas denuncias en la Fiscalía. Así ha venido procediendo en la  transformación de una gestión privada en gestión pública de calidad desde julio de 2011, cuando la ley determinó que el Registro fuera municipal.

Gentilmente, el Registrador envió a dos de sus funcionarios a entrevistarme, y convocó a reuniones con mi abogado y altos funcionarios de la institución, dispuesto a sancionar al funcionario que estuviera involucrado. Felizmente, para la institución, resultó que  el sospechoso no es funcionario del Registro, sino un abogado externo, quien reconoció haber solicitado $ 3.500 “como honorarios profesionales” para sacar el caso adelante;  suma  fuera de toda lógica desde cualquier punto de vista.

El doctor Vallejo me  aseguró su compromiso de combatir prácticas corruptas que puedan presentarse en la entidad. "y  cuestionarlas frontalmente cuando estas se practiquen por parte de terceros que realicen gestiones en la entidad a mi cargo". Y ha pedido a las autoridades competentes que se investiguen posibles nexos  de funcionarios al interior del Registro con agentes externos que pudieran dar lugar a prácticas reñidas con la ley “o busquen aprovechar ciertas debilidades institucionales para intentar ejercer actos de corrupción”.

En cuanto a los problemas administrativos, justo es reconocer que el actual Registrador solo puede responder por lo ocurrido desde mediados de  julio del año pasado, o sea por un año de gestión, que tuvo muy difícil comienzo, desde la forma como finalmente recibió las responsabilidades. En Quito, la transición a responsabilidad municipal generó en los primeros meses inconvenientes de demora en los trámites, por dificultades en el traspaso de los datos y el entrenamiento del nuevo personal.