Lucía es una joven abogada quiteña que quedó embarazada en los días que le retiraron su implante anticonceptivo para sustituirlo por otro. Cuando ella lo sospechó y contaba con tres semanas de embarazo, acudió a un conocido laboratorio clínico a realizarse una prueba que resultó positiva. Lucía, confiando en que sus datos personales iban a ser utilizados de forma ética y profesional, los proporcionó al laboratorio.

Entre los planes de Lucía no estaban el quedarse embarazada así que decidió abortar y visitó a su ginecólogo de cabecera, el que le retiró inicialmente el implante para sustituirlo por otro; él le proporcionó pastillas para inducir el aborto. Lucía siguió en su domicilio las instrucciones de su médico al pie de la letra: toda la noche experimentó contracciones dolorosas y sangrados. Su médico le indicó que por su seguridad, había que hacer un seguimiento al procedimiento y le dio una orden para realizarse un eco.

Lucía acudió al mismo laboratorio donde le realizaron la prueba de embarazo. El médico le realizó el examen y dijo a Lucía:

-Usted se realizó un aborto, ¡voy a llamar a la policía para que la detenga!

Lucía le contestó:

-Yo no tengo que darle explicaciones, limítese a realizarme el examen.

Lucía tomó el resultado, salió del laboratorio clínico, se subió en un taxi y con las justas escapó del patrullero que acababa de llegar al laboratorio. En efecto, el médico llamó a la policía.

Lucía, todavía asustada, llevó el examen a su médico quien concluyó que, producto del aborto que se provocó con fármacos, quedaron restos de placenta en el útero de Lucía y había que realizar de emergencia un degrado. La intervención se realizó en el consultorio del médico y costó 800 dólares. Por suerte, Lucía contaba con los recursos económicos para realizarse el procedimiento y pudo acceder a él; de lo contrario, su vida corría peligro.

En Ecuador, el Ministerio de Salud Pública reporta que el 15,6% de muertes maternas se produce por abortos clandestinos. Pese a la crudeza de la cifra, todavía hay sectores que se oponen a la vigencia del Código Orgánico de Salud, recientemente aprobado en la Asamblea Nacional. Sus argumentos se basan en la moral y la religión y lo único que causan es muerte, estigma y dolor.  (O)