El concepto de “seguridad ciudadana” surge en América Latina en el período democrático, después de vivir, en la mayoría de los países, dictaduras que gobernaron hasta la década de los años ochenta, del s. XX.

Pese a que se acepta el nuevo concepto de “seguridad ciudadana”, existe todavía una comprensión confusa respecto al mismo y sus variados modelos de atención que varían de país a país. Sin embargo, ya no se cuestiona, de parte de los Estados y de los gobiernos locales, su importancia y hoy se incluyen en los programas gubernamentales (nacionales, regionales y locales), políticas públicas para contrarrestar la inseguridad y el desorden. Imposible desconocer la presencia del fenómeno social: el aumento del delito, el crimen organizado y otras expresiones de violencia. Entonces, el debate en torno a la seguridad ciudadana pasa en constante cuestionamiento del rol de los Estados en garantizar la seguridad y la convivencia pacífica de la gente.

El Estado es el responsable de salvaguardar a la nación del “enemigo” externo, y en estos días, adicionalmente, debe mantener el orden público, proteger a la ciudadanía, prevenir la violencia y el delito, resolver los conflictos que surgen dentro de las sociedades y, también, le corresponde promover la convivencia ciudadana y democrática de sus habitantes.

Previo al período de transición democrática en la región, la seguridad era principalmente afrontada de acuerdo a la doctrina  de la “seguridad nacional”, la cual se refiere a la protección que se provee al Estado, a su territorio y a la estabilidad política y económica de las instituciones públicas, fuente de amenazas externas. Las fuerzas públicas, militares y policías, se dedicaron a cuidar al gobernante de turno, inclusive, de las opiniones y acciones de sus propios conciudadanos. Mientras, la seguridad ciudadana se enfoca en proteger a las personas, a sus propiedades y sus derechos, cuidando la integridad física, económica y moral de las personas, sin amenazas ilegítimas sobre su libertad y derechos civiles.