Se consolida la Constitución a nivel internacional como norma jurídica suprema, dejando su antiguo ropaje de código político; pero también debe ser entendida como norma programática de cara al futuro, cuya sustancia son los anhelos de la sociedad. Los ciudadanos nuevamente estamos ante la disyuntiva de apoyar la idea de iniciar un nuevo proceso constituyente según propone el presidente o no hacerlo. Ambas opciones son válidas en una democracia, más aún cuando será el pueblo soberano quien decida en las urnas. Se esgrimen razones de lado y lado.

Los pro constituyente desean cambiar la estructura del Estado retornando a la clásica tripartita división de poderes republicanos, devolviendo competencias esenciales al legislativo y cambiando el sistema parlamentario; terminar con un modelo constitucional concentrador de poder en el ejecutivo; modificar la administración de justicia ordinaria y de justicia constitucional; abrir los candados para atraer inversión nacional y extranjera; eliminar contradicciones de bulto como aquella que apela a la defensa a ultranza de la soberanía y, al mismo tiempo, auspicia el más profundo nivel de integración con otras naciones.

Los anti constituyente temen el retroceso en derechos y garantías; se preocupan por los costos y tiempo que demandaría un nuevo proceso de cambio constitucional; rechazan que la nueva constitución sea un traje a medida de la fuerza política dominante en la asamblea constituyente; creen que hay serio riesgo de que se busque amnistiar a prófugos de la justicia y peces gordos de la corrupción; dicen que la enmienda y la reforma constitucional son vías idóneas para realizar los cambios requeridos.

Más allá de esas posiciones, luego de 17 años de vigencia de la Constitución sin los resultados esperados por las mayorías se justifica un cambio profundo, más aún cuando también hay riesgos en la seguridad por la delincuencia, corrupción, cambio climático, y desarrollo de las tecnologías con IA. Además, sería la vía para revisar numerosas leyes del socialismo del Siglo XXI que frenan al país. Ecuador merece una Constitución según su necesidad, un renovado pacto social que profundice la democracia, favorezca la producción y el empleo digno, la seguridad jurídica, la complementariedad entre el sector público y el privado, la educación de calidad. Aunque, sola una constitución no cambia la realidad, puesto que siempre requiere la decisión y el accionar del poder político de turno.