En tiempos difíciles, en los que la pandemia modificó las relaciones entre las personas, las organizaciones y los estados, se ha puesto en evidencia que es necesario construir caminos para lograr equilibrios armónicos y dinámicos entre la producción de bienes y el mantenimiento de recursos naturales, entre el crecimiento económico y la redistribución de la riqueza, entre el desarrollo de tecnologías y la seguridad individual. El objetivo es y será construir medios que garanticen la vida digna en todos los escenarios de la vida humana.

Uno de los problemas sustantivos para la obtención de calidad de vida y desarrollo de nuestros países, en contextos de sociedades complejas y demandantes, es la seguridad, que es un aspecto transversal de las iniciativas de Estado y Gobierno e influye sobre las vidas de cada uno de nosotros.

De esta forma, la seguridad también implica que las sociedades pueden expandir sus diversas capacidades en contornos en los que el hoy y el futuro pueden ser calculables y con garantías de protección de los derechos de cada persona. Quedar desprovisto de seguridad y certidumbre nos arrinconaría entre la violencia y el miedo colectivo.

Las estrategias de seguridad en nuestra región y país han debido responder por lo menos a cuatro dilemas sustantivos de forma simultánea: consolidar nuevos enfoques operacionales de seguridad integral en contextos sociales de mayores demandas por derechos y garantías ciudadanas; enfrentar con eficacia los delitos trasnacionales, junto con sus logísticas y redes de poder e influencia; modernizar las instituciones públicas y sus canales de coordinación estratégicas para fortalecer la seguridad más allá de esquemas reactivos, y mejorar de forma constante los procedimientos legales que hagan eficaz los esfuerzos de la justicia.

Desde luego, se trata de una agenda difícil. En buena medida porque implica múltiples ajustes organizativos e institucionales; pero, de modo singular, de enfoques. Es decir, de visiones con las que se impulsan las iniciativas de Estado relacionadas con el amplio campo de la seguridad, que siempre está en el debate público y académico.

En nuestra región, el ámbito de la seguridad pública contiene en sus sagas una larga historia, que la hace densa por encima de los análisis clásicos, en tanto esto remite además a historias de exclusiones y marginalidades socioeconómicas. También a lentas actualizaciones de los servicios públicos y, desde luego, a la porosidad y capacidad corruptiva de los delitos de mayores recursos de poder, como es el narcotráfico.

Los problemas de seguridad no son exclusivos del Gobierno, son problemas de Estado que demandan políticas publicas multidimensionales y de gran complejidad. Con lo acontecido este último tiempo en los presidios del Ecuador, se hace necesario de un liderazgo fuerte, que sí lo está demostrando el presidente Lasso, pero además se requiere de alianzas sólidas entre la sociedad civil, Estado y academia para tener una lectura y legitimidad que apoye las decisiones del actual Gobierno.