Hace algún tiempo no tan lejano, recuerdo con bastante claridad que en clases universitarias de análisis económico algún momento pregunté al catedrático sobre las decisiones macroeconómicas (en un país) que deben tomarse para lograr objetivos deseables y pro sociedad, y  cómo tomarlas para que el resultado al menos sea el esperado y no termine siendo contraproducente; él me respondió: primer paso es voluntad política; segundo paso es trabajo en común; todo ello sin dejar de mirar al norte social trazado.

Comparto tal experiencia en virtud de hoy intentar entender qué ocurre en el país. En lo específico, puedo percibir que el máximo gobernante del Ecuador ha realizado puntuales movimientos en política económica, a partir del 24 de mayo de 2017; génesis visto, principalmente, en las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público. Posteriormente, en la socialización de un Programa Económico de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva (con 4 ejes y 14 medidas), y, recientemente en puntuales decisiones económicas, las cuales, según rezó: “apuntan a devolver la prosperidad a la patria”. Todo esto a la luz del diagnóstico que el Mandatario ha realizado a las finanzas públicas, cuyo resultado es poco alentador: una nación económicamente noqueada, con un nivel de deuda que asciende a $ 60 mil millones.

A todas luces, es pertinente afirmar que, al revisar estas decisiones económicas, aquellas resultan convenientes para la  situación de la nación. Aunque creo que, en el camino, las mismas deben ser reforzadas, lamentablemente. Hubo voluntad política. Indiscutible. No obstante, noto que estos movimientos económicos dados por el presidente Moreno son poco escuchados por las demás instancias (poderes estatales y GAD). En abril, el Legislativo adoptó medidas en este ámbito. Hoy, el CNE (Transitorio) ha mostrado solidaridad armonizando su presupuesto. Y, ¿el resto? ¿Decisiones económicas sin solidaridad? Quiero pensar que no. (O)