En el convulso escenario político del Ecuador de los años treinta del siglo pasado, la historia de la administración pública —que he abordado en distintos momentos en esta columna— vivió un episodio tan breve como significativo bajo el liderazgo de Alberto Enríquez Gallo. Tras la caída de la dictadura de Federico Páez en 1937, Enríquez emprendió una serie de reformas que, lejos de responder a los intereses de las élites tradicionales, buscaron delinear un Estado moderno, incluyente y con una autonomía relativa frente a las fracciones dominantes y al capital extranjero.

Su proyecto gubernamental rompió con la lógica oligárquica predominante, apostando por una administración pública orientada a los intereses nacionales. Las reformas impulsadas, como el Código del Trabajo, la Ley de Educación y el Estatuto Jurídico de las Comunidades Indígenas, entre otras, fueron expresión de una nueva racionalidad estatal que buscaba articular derechos sociales, democratización institucional y soberanía económica.

Desde una mirada histórica, la breve administración de Enríquez Gallo representó un intento concreto por construir un Estado benefactor y garante de derechos, con una administración pública orientada a la redistribución y a la modernización institucional. Frente a la corrupción legalizada mediante contratos lesivos con compañías extranjeras —defendidos incluso por influyentes abogados y políticos de la época— emergió una visión de Estado capaz de regular la economía, ordenar lo público y canalizar las demandas sociales.

Este ciclo de reformas se inscribe en la accidentada trayectoria de la administración pública latinoamericana: avances truncos, modernizaciones precarias y contradicciones persistentes entre una visión nacional del desarrollo y una lógica de subordinación a intereses globales. La historia de Enríquez revela una tensión estructural: la dificultad para consolidar un proyecto estatal sostenible ante el choque entre los ideales de equidad y los intereses dominantes.

Casi un siglo después, en medio de nuevas crisis, mirar este episodio no constituye un ejercicio de nostalgia, sino de memoria activa. Pensar el futuro de nuestras administraciones públicas exige aprender de aquellos momentos en que el Estado intentó ser algo más que un aparato al servicio del poder: una herramienta para el bienestar colectivo y la justicia social. Esa experiencia histórica ofrece lecciones valiosas a las que nuestros gobernantes deben remitirse con responsabilidad y visión de país.