El país atraviesa una crisis económica grave. Los niveles de desempleo e informalidad hacen casi imposible pensar en una recuperación rápida de los indicadores de pobreza y desigualdad de hace una década. Por otro lado, la situación fiscal es delicada, escenario que impide obtener fuentes de financiamiento barato que permitan generar transferencias monetarias a familias, o planes de recuperación para pequeñas y medianas empresas. En este sentido, varios economistas reconocidos a nivel mundial, han debatido de manera interminable, sobre políticas económicas ideales para combatir la crisis, y la mayor parte de ellas han apelado al pragmatismo de las mayorías, como la única forma de afrontar las decisiones de política económica. A pesar de esto, todavía hay quienes pretenden, desde sus más profundos complejos y dogmas, imponer sus verdades como únicas y universales, a través de un recetario que debe cumplirse a cabalidad. 

En los próximos cuatro años, las externalidades de la pandemia demandarán mayor participación del estado para inversión en infraestructura, salud mental, uso de tecnología y educación. El nuevo gobierno tendrá que afrontar las demandas de más de tres millones y medio de “nuevos pobres”, que se suman a los cuatro millones que ya existían antes de la pandemia. Finalmente, el equipo económico del gobierno deberá afrontar lo suscrito en la carta de intención con el FMI, que principalmente incluye reformas que deben ser aprobadas por el Legislativo, y ciertas medidas que, debido a la memoria social de los años 80 y 90, pueden ser consideradas como “anti-populares”.

Para afrontar todas estas disyuntivas, el Presidente Lasso debe considerar separarse de todos quienes creen tener verdades mágicas para salir de la crisis, y deberá apegarse a quienes no tienen una verdad mágica, pero usan evidencia empírica y ciencia para sostener sus recomendaciones y opiniones en economía. Salir de la crisis no tiene un recetario desde una corriente ideológica, sino desde la base pragmática del pensamiento económico. En ese sentido, y si desea mantener su espectro de gobernabilidad, el Presidente Lasso debe divorciarse de dogmas, y comprender que, además de corregir el déficit y estabilizar la macroeconomía, el país demanda de condiciones más justas y democráticas de acceso a los factores de producción, de mayor presión fiscal para los grupos económicos más poderosos, y de un sistema público que pueda garantizar servicios de calidad a toda la población.