La Constitución chilena que data de 1980 fue establecida por el régimen de Augusto Pinochet. Luego del estallido social de 2019 donde se evidenciaron las grandes brechas de desigualdad, se aprobó en 2020 la redacción de una nueva Carta Magna la cual ha sido elaborada durante el último año. El documento que deberá ser aprobado o rechazado por las y los chilenos este próximo 4 de septiembre es un hito histórico no solo porque es la primera constitución elaborada de manera paritaria, sino también porque es el resultado de la búsqueda de un país más igualitario con enfoque social de derecho y plurinacional.

El documento de 388 artículos, contiene derechos fundamentales que nunca antes habían sido considerados como la salud pública, acceso a la educación y sistema de pensiones. También el proyecto define a Chile como un Estado Plurinacional e Intercultural, reconociendo así a 11 pueblos y nacionalidades indígenas que constituyen cerca del 12.8% de la población.

Sin embargo, la propuesta de Constitución deja a un país polarizado entre partidarios y detractores, estos últimos agrupados principalmente por la derecha quienes han hecho campaña por el rechazo desde el día uno. Según sondeos de Pulso Ciudadano, más del 55% del electorado votaría en contra del actual proyecto, lo que ha generado que el presidente Gabriel Boric mencione que, en caso de que no se apruebe el documento, hará una nueva convención que partiría desde cero. La situación económica no ayuda en esta coyuntura, actualmente el país del cono sur hace frente a una elevada inflación y difícil costo de la vida.

Si bien el texto no cumple las expectativas de ciertos sectores, marca distancia de la Constitución de Pinochet y constituye un hito en el avance de derechos sociales. El rechazo del documento sería un duro golpe tanto para el gobierno como para las luchas sociales que veían en el proyecto constitucional un cambio para Chile. Además, traería inestabilidad, considerando que fue el descontento social lo que provocó las protestas de 2019.