Una nueva Carta Política para Chile
La debacle del modelo chileno ha quedado en evidencia. Millones han salido a las calles para demostrar al mundo que era falso el relato posicionado: un país exitoso, con democracia estable, clase política ilustrada y vigorosa economía, obra del modelo neoliberal, en el que el Estado dejó libre las fuerzas del mercado, sin interferir, regular, ni procurar la distribución del capital en la sociedad.
Ya se sabía, pero se lo silenciaba: las cifras reales de Chile lo colocaban como uno de los países más desiguales del mundo, en el que la concentración de la riqueza y la brecha entre pobres y ricos era escandalosa. La movilidad social es difícil por el costo de la educación superior, inaccesible para la mayoría, obligada a endeudarse. Caso parecido es el de las prestaciones de salud. En suma, dos derechos sociales asumidos en muchos de los países “exitosos”, no son posibles en el atrasado Chile.
Pero eso no es todo, Chile pudiera constar incluso dentro del grupo de países donde su extraña Constitución es una especie de “Crónica de la muerte anunciada”. En 1980 la carta facultaba al Estado para practicar la pena de muerte por delito contemplado en la ley, aprobada con quórum calificado. Una modificación posterior cambió esta disposición por la de “presidio perpetuo”, que rige aún.
Por otra parte, la realidad lo muestra como un país primario exportador, dependiente, endeudado en más $ 186.000 millones, cuyo primer acreedor es EE.UU. En este año, Chile importa más de lo que exporta, adquiere a China el 25% de los productos industriales ($ 15 mil millones). El cobre chileno y sus procesados, cuyos precios están bajando, son vendidos, asimismo a China y Estados Unidos.
Es evidente que Chile sufre una desaceleración, importa mucho, debe demasiado y la clase pudiente, incapaz y ambiciosa, quiere seguir acumulando sin repartir el capital, ni oír las enseñanzas de Marx, que en resumen dijo algo sencillo: la burguesía nacional no podrá seguir ganando si sus compradores no tienen ingresos.
Todo parece indicar, que la crisis actual derivará en tensiones intraburguesas y levantamientos masivos, coyuntura en la que los sectores populares podrán cambiar la Constitución y la correlación de fuerzas. (O)
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