El matrimonio para las parejas de la comunidad LGBTI es una realidad y, en uso de su libre albedrío, accederán a él quienes así elijan hacerlo. Sin embargo, este acontecimiento histórico ha generado rechazo, críticas y mofas que retratan a gran parte de los ecuatorianos de una forma grotesca.

Los grupos ultraconservadores y de extrema derecha que, coincidentemente, profesan la religión católica o alguna de sus múltiples ramas, se dicen vulnerados. Expresan preocupación porque sus hijos serán destruidos por el mal ejemplo de una sociedad libertina. 

Así, literal.  Ellos abogan por continuar viviendo en un país binario que resta derechos a miembros de una misma sociedad y anhelan el país de la exclusión, el irrespeto, la segregación y la discriminación. Bastante peligroso su discurso extremista, al que se han sumado algunos politiqueros oportunistas. 

Abonar a la sociedad con estas semillas pone incluso en peligro y vulnerabilidad física a los miembros de la comunidad GLBTI y sus familias.

En las décadas de los 80 y 90, en los calabozos del desaparecido CDP, policías psicópatas, con ley en mano, cometían todo tipo de aberración, violación y tortura contra miembros de la comunidad GLBTI, especialmente si eran transexuales. Algunos de estos abusos incluso terminaron en asesinato. 

Las versiones de quienes sobrevivieron a esta violación sistemática de derechos humanos -a lo que las autoridades de la época llamaron “limpieza social”- las está recibiendo la fiscal Gina Gómez de la Torre. Quienes piden resarcimiento al Estado ecuatoriano pertenecen al colectivo Nueva Coccinelle y demandan por las múltiples y sistemáticas violaciones a sus derechos humanos que se respaldaban legalmente con la criminalización a la comunidad LGBTI, vigente hasta 1997.  

Es impactante conocer el testimonio de las víctimas: se torturaba, violaba y mataba a los miembros de esta comunidad, por el solo hecho de reconocerse públicamente como tales. ¿Es este el país que añoran los antiderechos? (O)